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Las denuncias presentadas por el legislador Wigberto Quintero en relación al manejo de la empresa telefónica, donde el Estado conserva un 49 por ciento de las acciones, deben ser escuchadas y atendidas porque, la privatización de ese ente estatal, obedeciendo a las corrientes de la economía mundial de mercado y no las particularidades e intereses propios de cada país, constituyó desde un comienzo una merma en el bolsillo de los panameños.
Como usuario del servicio telefónico exijo que se verifique si la sucesión cada seis meses de los directivos de la empresa, responde a una política seria de administración técnica y financiera, o si por el contrario, esconde algún tipo de irregularidades.
Que se investigue si es cierto la ausencia de fianzas en contrataciones de proyectos durante el año 2,000, y si hubo en algún momento, el pago de algunas obras dos veces, así como la asignación de contratos a empresas con poca solvencia económica.
El fallido intento del legislador Quintero para que la comisión respectiva investigue lo antes señalado, nos remite, por carambola y por ley, a una institución llamada Ente Regulador, cuyos directivos son ratificados por la Asamblea Nacional, lo que al final de cuentas nos lanza a los mortales usuarios del servicio telefónico a una especie de círculo vicioso y de laberinto legalista para, en última instancia, quedar burlados y sin explicación alguna. |
