El posible reinicio de las denominadas reyertas entre estudiantes de colegios públicos, sumado a la detención de personas supuestamente involucradas en el tráfico comercial de escolares, mantienen consternada a la comunidad.
La situación requiere la decidida colaboración de todos con el Ministerio de Educación. Es una responsabilidad de los padres de familia, abuelos, profesores, inspectores, la Policía Nacional y de las autoridades municipales. Es cierto que ahora el pais intenta convertir sus problemas, en una responsabilidad de todos, pero, en este caso es evidente.
Hay que crear grupos organizados de vigilancia, que cuenten con la presencia de los distintos segmentos de la comunidad, unidades permanentes que puedan prevenir riesgos y delitos, a lo menos en las áreas cercanas de los colegios. Con demasiada frecuencia vemos a estudiantes rondando las calles de la ciudad, en horas de clases.
Las autoridades municipales, pueden colaborar no solo con sus agentes de seguridad, sino, controlando los locales que puedan vender alcohol o drogas a los estudiantes y también, canalizando posibles denuncias de los comerciantes.
En este aspecto de la información, los conductores de taxis y de buses colegiales, deben ser por obligación profesional, los eslabones fundamentales para captar el pulso de los problemas e inquietudes que se tiene en determinados momentos.
Aparte de los peligros inherentes a la violencia estudiantil, es una razón adicional que esta obligando a muchas familias a realizar dramáticos sacrificios económicos para que sus hijos asistan a colegios privados. Los padres saben que, no solo evitan los conflictos, sino que para obtener un puesto ejecutivo, las empresas buscan a los que tengan con prioridad, la capacidad de hacer contacto con personas de alto nivel económico.
