La Procuraduría de la Administración calificó como ilegal la resolución N° JD-3794 del 27 de febrero del 2003, emitida por el Ente Regulador de los Servicios Públicos, donde sostiene que la información sobre los estados financieros de las empresas concesionarias de los servicios públicos de telecomunicaciones, es de acceso restringido.
Ante las quejas de los usuarios por las elevadas tarifas, la Defensoría del Pueblo inició un proceso para conocer el estado financiero de Cable & Wireless, situación que llevó hasta la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, fallo que está pendiente de dictarse.
Sin embargo, hace dos semanas la Procuraduría de la Administración ante la consulta de la Defensoría, determinó que la función primordial del Ente Regulador es velar porque los servicios públicos privatizados se brinden de forma eficiente y en ejercicio de tal función, tienen facultades para requerir a las concesionarias información técnica, comercial, estadística, financiera, contable y económica.
El procurador encargado, José Juan Cevallos, advirtió que el único medio con el que cuenta el usuario para fiscalizar, a su vez las funciones que corresponden al Ente Regulador, es el acceso a la información que dicha institución maneja, entre ellas y la más importante los estados financieros de las empresas concesionarias de los servicios públicos y las valoraciones que de estos informes financieros hace el organismo público.
En tanto la Delegada Especial del Defensor del Pueblo, Mónica Guillén, dijo que las empresas que administran los servicios públicos en muchas ocasiones alegan que la implementación de algunos servicios, como el plan básico de la telefonía le genera pérdidas, por lo que se requiera saber si la empresa gana razonada o exageradamente para conocer la situación".