La denuncia de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia en torno a la existencia de mano criminal en el incendio registrado hace 36 días en el edificio del Tribunal Marítimo, donde funcionan varios Juzgados Civiles y Penales, es una situación preocupante.
El hecho nos recuerda lo sucedido en la década del ochenta en Bogotá, Colombia cuando en una alianza entre guerrilleros y narcotraficantes, se produjo la toma del Palacio de Justicia, el edificio fue incendiado y fueron asesinados los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.
En Panamá se están registrando casos alarmantes: policías que utilizan patrullas y sus uniformes para asaltar, detectives que tumban cocaína a los narcotraficantes y ahora nos sorprenden con el incendio provocado en un tribunal.
Eso revela que el nivel de la delincuencia se viene incrementando y todo indica que las autoridades de investigación y represión no caminan al mismo ritmo. Por ejemplo, ¿cómo es posible que la Oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos no pueda definir el tipo de sustancia que se utilizó para originar el incendio en el edificio del Tribunal Marítimo?
Se supone que el Cuerpo de Bomberos es la entidad con mayor preparación para ese tipo de análisis, pero si nos encontramos con esas limitaciones, poco es lo que se podrá investigar para esclarecer ese hecho criminal, a menos que salga alguien que filtre los nombres de los responsables de ese fuego.
Panamá debe contar con los equipos modernos para prevenir y reprimir la delincuencia, de lo contrario el crimen les ganará la batalla a los panameños decentes.