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EDITORIAL
Ataque a la libre circulación
Quien impide el normal funcionamiento del tránsito de vehículos debe ser reprimido con prisión. Pero, en la actualidad nacional, quienes realizan estas acciones suelen terminar premiados por su conducta.
Tomar una calle, camino o carretera es apoderarse de lo ajeno. Es algo semejante a una usurpación. Dispone una especie de privación de libertad para multiplicidad de los individuos detenidos en el tránsito. Constituye, en el fondo, una coacción a los gobernantes para que hagan algo en contra de sus voluntades. Resulta una conducta que tiende a producir desigualdades. Y es, por otro lado, una grave mengua para el desarrollo del país, necesitado de ser visto por los inversionistas como seguro y confiable.
Lo grave de esta especie delictiva es su poder de contagio. A lo que cabe sumar, como ocurre en todos los delitos de multitud, el riesgo de la pérdida de control por parte de sus organizadores cuando se ensañan en el suceso. Sólo hay que recordar las quemas de vehículos y neumáticos, el vandalismo a las casetas telefónicas, el lanzamiento de piedras contra particulares y de gases lacrimógenos contra estudiantes en los recientes incidentes en la vía Simón Bolívar. Es cierto que hay gente en estado de necesidades humanas esenciales insatisfechas. No cabe duda de que superar esas carencias es "responsabilidad de todos". La intensificación del sentimiento de solidaridad social debe imponerse como imperativo moral en el Panamá de hoy.
Pero también es cierto que sin obediencia del sistema legal no hay desarrollo, crecimiento, progreso, civilización ni paz social. Por lo cual sería útil que los gobernantes, autoridades políticas, órganos jurisdiccionales y quienes ejercen la acción pública en lo legal, revisen las políticas de tratamiento de estas conductas que acentúan el progresivo deterioro de la autoridad de la ley, el decaimiento de la defensa social y la consecuente pérdida del principio de responsabilidad individual.
Cabe también resaltar el daño que causan los tranques que se han registrado recientemente en la vía Transístmica, a la altura de la Universidad de Panamá, en los precisos momentos en que miles de transeúntes se dirigen hacia sus trabajos o realizan diferentes actividades productivas. Sin ahondar en los detalles del por qué se bloquean las calles, es importante señalar que todos tenemos el derecho a la libre circulación. Las autoridades competentes deberían investigar qué porcentaje de los obreros llegan tarde a sus puestos de trabajo por causa de los benditos tranques, y también determinar a cuánto asciende las pérdidas por merma en la productividad y eficiencia de la fuerza trabajadora. El gobierno nacional que tiene corte de social debería averiguar con los directores de los hospitales cuántas personas tuvieron que cancelar citas médicas o exámenes clínicos que ya estaban programadas desde hace más de tres meses por razón de las manifestaciones. Y ni hablar de los gases lacrimógenos que afectaron incluso a los enfermos y pacientes hospitalizados por la barbarie que se vivió en las inmediaciones de la Caja de Seguro Social.
Mandar a cumplir la ley hoy, cuando el desorden ha llegado muy lejos, será costoso. La historia de los pueblos enseña que es muy difícil reemprender con éxito el camino de regreso hacia las cosas pérdidas cuando el sendero de vuelta se ha puesto pedregoso. Pero esa circunstancia no debe ser obstáculo para un golpe de timón, aquí y ahora.
O proseguimos con la alcahuetería impune, y el consecuente riesgo que apareja de acción aún más graves, o iniciamos la salida hacia el restablecimiento del orden jurídico que quieren el pueblo y las autoridades serias para que el país siga adelante.
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PUNTO CRITICO |
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