El asilo otorgado por Panamá a la ex directora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia, María del Pilar Hurtado, fue criticado duramente de ambos lados de la frontera cuando fue hecho público el año pasado.
El asunto parecía enterrado para el gobierno. Pero con las recientes informaciones sobre que la Fiscalía General de Colombia solicitará la captura de Hurtado por una serie de delitos, entre los que se encuentra la intercepción ilegal de conversaciones telefónicas, se refresca la polémica.
Ante la probabilidad de una solicitud de captura internacional, podrían complicarse las relaciones con Colombia. A Hurtado se le acusa de participar en una extensa serie de "pinchazos" telefónicos (llamados "chuzadas" en Colombia) a magistrados, periodistas, activistas de derechos humanos y opositores, así como de campañas de intimidación contra personas quienes abiertamente criticaron la anterior administración gubernamental del país vecino.
También el año pasado se suscitó el escándalo de la separación de Ana Matilde Gómez como Procuradora General de la Nación, precisamente por ordenar escuchas telefónicas. Se trató de una visión contradictoria del gobierno, lo que no escapó de los argumentos de los críticos de la administración de Ricardo Martinelli.
La situación pone nuevamente en evidencia el error de haber asilado a Hurtado.