Los ataques contra empresarios e inversionistas en la provincia de Bocas del Toro, a través de acciones penales, forman parte de una serie de medidas que buscan bloquear el desarrollo de proyectos turísticos en esta región del atlántico.
Tales denuncias fueron hechas por el abogado Darío Carrillo Gomila, quien reveló que grupos organizados han interpuesto acciones con la intención de desconocer los derechos posesorios en Bocas del Toro y despojar a sus legítimos propietarios de los terrenos.
Según Carrillo, el pasado 7 de enero de 2006, la Asamblea Nacional, aprobó la ley 2 a través de la cual se regularon las concesiones para la enajenación de territorio insular con fines de aprovechamiento turístico y se dictaron otras disposiciones.
