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Cuando se creó la ley de la Autoridad Nacional del Transporte, se dio autonomía, dirección, pero lo más importante, no se le dio a esta entidad, que fue el traspaso de las unidades de policía bajo su jurisdicción.
En el reciente caso de Panamá Oeste se dieron muchas confusiones porque la autoridad del transporte dio directrices, pero no tuvo ningún control sobre las unidades que ejecutarían las disposiciones.
En Panamá, se insiste todavía en tener una policía del tránsito militarizada, cuando en otros países están dentro de las instituciones civiles, llámese Ministerio de Transporte o algo parecido a la nuestra.
La Policía del Tránsito continúa siendo militar dentro de un engranaje de mando vertical, donde responden al impulso emotivo de órdenes que es todo contradictorio a lo que debe ser el papel en un país democrático y civilizado de estas unidades.
Nada se ganó con darle autonomía si lo más importante, como es el caso de las ejecuciones, se mantienen en otra institución que por su naturaleza cooperativa, tiene que jugar un rol en democracia de represión.
Pasará sobre todos los directores, grandes dificultades si no se hacen las modificaciones necesarias para desmilitarizar y trasladar a la actual Policía del Tránsito hacia la institución cuya función principal es la de vigilar las infracciones y el persuadir el manejo ciudadano.
Debe entonces visitarse países que nos llevan un adelanto en esta materia porque quienes salen a la calle a poner el ordenamiento vehicular deben recibir sólo una línea: la del Director del Tránsito. |
