Una vez más, el Comité de Familiares de Pacientes por el Derecho a la Salud y la Vida protestaron frente al Ministerio Público por la forma en que ese organismo ha investigado las muertes de sus parientes.
Sólo existe una persona detenida por los medicamentos envenenados de los dieciséis responsables, reveló el gremio.
"No se han concluidos con los análisis de los envases de medicamentos entregados por los familiares, que son más de 6000", argumentan.
"Es el momento de saber quién es o quiénes son los verdaderos dueños de Medicom, y es menester determinar si hubo mano criminal o error humano".
Por otro lado, se han reconocido 44 casos negativos sin haberles "realizados los análisis a los envases y de resultados poco serios de exhumaciones después de un año de tener muestras congeladas", indicó el grupo.
¿Cuál ha sido el capricho del Ministerio Público en no querer discutir un cuestionario de preguntas desde la óptica técnico-médico forense en el Comité de Familiares?, cuestionó el Comité de Familiares.
También cuestionan el porqué el Ministerio Público insiste en no querer reconocer más casos positivos existiendo elementos claves en los expedientes de los familiares.
Por ahora, Ángel de la Cruz es el único detenido por las muertes con los jarabes contaminados.
Dimas Ernesto Guevara González, fiscal Superior Especial, adelanta las pesquisas por esas muertes que superan las cien.
Se ha pedido ayuda internacional, en especial a las autoridades de España.
Una de las empresas españolas llamada Rasfer, aparece en el ojo de la tormenta al sospecharse que a sus productos se les echó el mortal veneno que ha causado muerte y dolor entre los panameños.
