Por estos días la Asamblea Nacional de Diputados ha iniciado el debate sobre la vuelta del récord policivo, como condición indispensable para optar por un empleo. Esto se ha convertido en un asunto de notoria importancia para los sectores populares, sobre todo para la juventud, cuyas posibilidades de acceder a un puesto de trabajo podrían verse limitadas ocasionándole una "muerte ciudadana".
La medida ha sido motivada por la comisión de delitos por parte de personas en pleno cumplimiento de sus responsabilidades laborales, como por ejemplo los guardias de seguridad.
Es importante recordar que las agencias de seguridad privada han sido una quimera, ya que nunca han podido reemplazar, como se pensó en un principio, a la fuerza pública en las tareas de custodia de los intereses y bienes de los asociados. No obstante, al analizar los resultados de esta iniciativa parlamentaria, pensamos en lo difícil que se tornaría para los jóvenes ingresar al mercado laboral.
Tal vez existan actividades, como la anteriormente mencionada, que requieran de la presentación de un registro de esta naturaleza, pero también es importante destacar la existencia de modernos mecanismos que pueden facilitar a los empresarios la medición de la capacidad de las personas que han de contratar, sin que sea necesario el oprobioso expediente. Proponemos la incorporación de profesionales como psicólogos y otros para delinear el perfil de los aspirantes.
¿Acaso todos los casos ventilados en una corregiduría o un juzgado, incorporados a los registros personales de los solicitantes, deben ser motivo de rechazo? Si un individuo ha pagado su deuda a la sociedad, no es justo que un error o un delito se convierta en una especie de condena perpetua que promueva su discriminación.
Este proyecto debería ser analizado en la Defensoría del Pueblo, en los organismos de los derechos humanos, en el seno de la sociedad civil porque es de muy amplia dimensión y podría afectar la vida de miles de personas humildes e inducirlas a volver a transitar por la senda punible al ver frustradas sus aspiraciones de reinserción social.
Imagino que los empresarios locales, con esa creatividad que les caracteriza, podrían encontrar instrumentos más efectivos que un récord policivo para realizar sus contrataciones, sin afectar sus intereses ni los de la sociedad en pleno y mucho menos para lesionar la dignidad humana.
Si se vuelve a la antigua medida, ¿dónde quedarían los adelantos en materia de derechos humanos logrados por nuestro país? ¿Cómo quedarían las personas que han debido enfrentar procesos y encarcelamientos al momento de querer reinsertarse de forma productiva a la sociedad, si son discriminados de manera oficial por un documento?
Desde esta tribuna, solicitamos a la Asamblea Nacional, la realización de una discusión minuciosa de este proyecto para que la futura ley tenga la amplitud requerida y así proteger a estos dos polos de la sociedad, sin convertirse en una figura inquisitorial implacable, que acometería contra el pueblo llano, quien siempre se lleva la peor parte.
