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La alcaldesa del distrito de La Chorrera, Brenda de Icaza, demandó ante la Corte Suprema de Justicia, el artículo sexto del acuerdo municipal No.23 del 26 de octubre de 1984, relacionado al nombramiento y remoción de directores de unidades administrativas.
De acuerdo a la funcionaria, tal precepto riñe con funciones inherentes a los alcaldes e incluso el Concejo incurre en extralimitación de funciones.
Por otro lado, los demandantes sostienen que el Consejo Municipal puede nombrar a ocho servidores públicos municipales entre los cuales figura el presidente, vicepresidente, secretario general, subsecretario general, tesorero, ingeniero municipal, agrimensor o inspector de obras y el abogado consultor.
Aparte de los nombramientos detallados, el Concejo "no tiene facultad legal para nombrar a ningún otro servidor municipal". |
