Víctor Urrutia y Pedro Meilán, designados ayer por el presidente Martín Torrijos, como los nuevos administradores de la Autoridad de los Servicios Públicos y de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, coincidieron en que actuarán enérgicamente y no tendrán contemplaciones para sancionar a quienes incumplan con las leyes.
El ingeniero Víctor Urrutia, fue designado administrador de la Autoridad de los Servicios Públicos; el antiguo Ente Regulador de los Servicios Públicos, mientras que el licenciado Pedro Meilán, será el administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, antigua CLICAC.
Víctor Urrutia aseguró que velará por el fiel cumplimiento de los derechos del consumidor y que su primera acción será investigar las anomalías y distorsiones descubiertas en el mercado eléctrico del país, así como los contratos de energía y las tarifas impuestas al usuario nacional.
Pedro Meilán, advirtió que en su administración se implementarán mecanismos para fiscalizar y revisar los abusos cometidos contra el público consumidor y amenazó con sancionar a aquellos proveedores que no cumplan con las normas para así poder proteger "el bolsillo de los panameños y que rinda más".
"Queremos dejar claro que los proveedores que estén haciendo las cosas de la mejo manera, no tendrán ningún problema con nosotros, pero aquellos que sigan con el juega vivo y los abusos, vamos a sancionarlos ejemplarmente hasta que se cumpla con los consumidores", dijo Meilán.
El Presidente Martín Torrijos reveló que su administración "no improvisa, ni actúa compulsivamente", ya que ha estudiado las situaciones que dificultan el desarrollo de la sociedad "y para ello cambio ambos organismos sensibles, los cuales en adelante estarán en capacidad de emprender una dura lucha y garantizar la protección de la economía de las familias panameñas.
INICIO DE UNA NUEVA ETAPA
El presidente Torrijos, indicó que su gobierno modificó ambas entidades en aras de abonar un mejor futuro y garantizar mecanismos más rápidos y eficaces para la protección y reconocimiento de los derechos del consumidor, asegurando la libre competencia de los mercados y evitando prácticas monopolísticas.