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El espionaje telefónico contra ministros, directivos de la Asamblea Legislativa, presidentes de partidos políticos y hasta al exjefe del Consejo de Seguridad, quedó al descubierto, cuando fuentes anónimas hicieron llegar a varios medios de comunicación social grabaciones de algunas conversaciones y de mensajes en llamadas a celulares.  |
Fuentes de los aparatos de inteligencia mostraron sorpresa al consultarles sobre el espionaje político y no descartaron que se trate de una campaña montada para afectar la imagen de los encargados de los cuerpos de investigación del país, y por ende del gobierno.
Las escuchas telefónicas son tipificadas como delito, a menos que lo ordene la autoridad competente, tal como lo establece la ley 13 del 27 de julio de 1994, que autoriza la intervención de teléfonos, cuando existan indicios de la comisión de un delito grave.
Las grabaciones telefónicas no son nada nuevo en Panamá. El pionero de esas tareas fue un sujeto conocido como "Mr. Otto", que laboraba para el G-2.
En los últimos años, el Ministerio Público ha ordenado la intercepción de teléfonos a un juez civil y posiblemente a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. En varios casos de secuestros también se han pinchado los teléfonos.
En agosto de 1996, la hoy mandataria Mireya Moscoso denunció que su teléfono y el del Partido Arnulfista estaban intervenidos. Posteriormente, el presidente Ernesto Pérez Balladares reveló que se había descubierto que "malos funcionarios del INTEL" se estaban dedicando a labores de espionaje.
En abril de 1991, el presidente Guillermo Endara también denunció que su teléfono, en el Palacio de las Garzas, estaba intervenido. |