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El alcalde se extralimitó en sus funciones y por ello interpuso una querella por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.  |
Por su parte, el empresario Carlos Barnes en una larga conversación aseguró a este medio que no existe tal comunidad pesquera, aunque en visita sorpresiva al lugar pudimos constatar que sí existe la comunidad pesquera y pescadores, que viven de esta actividad en el área.
Barnes indicó que el solicitó la orden de desalojo porque sabía que se trataba de intrusos en sus tierras, pero que lamentablemente el alcalde revoca la orden de desalojo que la corregiduría de Río Hato había ordenado.
Según Barnes en los alegatos de conclusión del proceso ordinario de prescripción adquisitiva que interpusieron los intrusos de su finca en su contra, él y su abogada justifican el por qué solicitan el desalojo.
"Soy propietario único de la finca 5250 en donde están ubicados seis intrusos, además cuando compré la finca no habían casas en el área, eso fue en 1968", expresó.
Asegura Barnes que mediante inspección e investigación se certificó que ninguno de los supuestos seis pescadores viven de manera permanente en la playa La Pacora, ya que poseen residencias en otros sectores y que dependen de otras actividades, no de la pesca propiamente dicha.
Sin embargo, se pudo observar en el área en nuestra visita gran cantidad de pescadores en su labor y los supuestos intruso en sus residencias, sólo Nora no se encontraba en su vivienda, pero allí habían más de cuatro pescadores en espera de los botes de pesca.
Barnes señala que él ha ganado casi todos los procesos y que el alcalde no debe interferir con la ley y dejar que se haga el desalojo, mientras que asura que el alcalde Ríos busca un momento político y que hay otros intereses, mientras que Ríos mantiene su posición de no ordenar el desalojo y de apoyar en todo a los pescadores.
HABLA LA ABOGADA DE LOS PESCADORES
Marquelda Isaza, representante legal de los pescadores de la Playa La Pacora señaló que se reunieron recientemente con el gobernador de Coclé, ya que están en espera de que el Juzgado Segundo del Circuito Civil de Coclé, falle sobre él la demanda de prescripción adquisitiva de dominio que ellos interpusieron.
Indicó que en este proceso se trata de demostrar el derecho que tienen los moradores de playa La Pacora sobre estas propiedades, basado en el tiempo que son más 15 años que exige la ley de derecho posesorio, por estas allí de manera ininterrumpida por más de 40 años.
Sin embargo, explicó que se reunió con el gobernador de Coclé, ya que existe a nivel administrativo a parte del proceso judicial una orden de lanzamiento que debe suspenderse hasta que el juzgado falle.
"El gobernador se mostró anuente a ayudar a los pescadores, ya que se trata de demostrar que estas personas tienen derecho a las tierras por el tiempo de estar allí".
La abogada aseguró que el lanzamiento se encuentra suspendido hasta que se resuelva lo que dicte el Juzgado, sin embargo, el gobernador de Coclé, Irving González dijo que la orden de desalojo no se ha suspendido ya que ésta fue una orden del gobernador anterior y él no la puede revocar.
UN INFORME DE GOBERNACION
Así catalogaron los pescadores de La Pacora el informe que presentó el anterior gobernador de Coclé, Richard Fifer al ministro de la Presidencia encargado, Aníbal Salas, el pasado 9 de octubre del 2001.
El informe, que catalogaron "trágico, amañado y sin justicia, los pescadores señalaba que en efecto se trata de seis personas, cinco de las cuales no son pescadoras, sobre las que se hizo la orden de lanzamiento de manera legal y que no se trata de una comunidad numerosa de pescadores porque no existe tal comunidad". |
