La Procuraduría General de la Nación presentó una queja ante la sede del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Washington y en Panamá por la consultoría realizada por la empresa INDRA Panamá, S.A., la cual se encargaría del Modelo de Gestión Judicial de San Miguelito y David, para la implementación del Sistema Acusatorio que entrará en vigencia próximamente.
La misiva fue remitida el 8 de marzo a Paloma López Costa, representante legal de INDRA Panamá, S.A., donde se plasmó la inconformidad debido a que no se cuenta con manual de cargos, instrumento de gestión, estudio y propuesta de escalas salariales, estudios de costos e inversión y mantenimiento, manual de procedimientos, criterios para la distribución de casos, presupuesto modelo real actual, entre otros puntos.
La nota fue remitida por el procurador suplente, Giuseppe Bonissi, y el asistente del Procurador, Coordinador de Proyectos Especiales del Área Judicial, Neftalí Jaén.
El proyecto firmado el 24 de junio de 2009, dentro del Programa de Mejoramiento de la Administración de Justicia, tuvo un costo de 187 mil 000.80 dólares, confirmó Jaén.
La empresa en mención debe hacer las correcciones pertinentes y debe replantear el trabajo realizado, el cual fue pagado en su totalidad por parte del Ministerio Público.
Jaén también aclaró la situación del contrato revocado a la empresa Aguilar & Asociados R.S.L. de la Consultoría Internacional Multidisciplinaria, por parte de la Procuraduría de la Nación, de una consultoría de derechos humanos que estaría a cargo de la Secretaria Ejecutiva de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, Magaly Castillo, el cual era de 5 mil dólares.
Agregó que ese hecho no se registró contra Castillo, y que había situaciones que no eran correctas con esa empresa, entre éstas el domicilio y gastos. El monto de pago a esa empresa era de 250 mil dólares.
