La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó archivar una denuncia que había presentado el dirigente Juan Jované por la supuesta adquisición de equipos para interceptaciones telefónicas.
La Sala ordenó archivar esa investigación al considerarla como improcedente.
La denuncia lo que planteaba era la aprobación de los magistrados para iniciar las investigaciones a fin de aclarar si se estaban realizando interceptaciones de manera fraudulenta.
El dirigente, lo que buscaba era establecer si en efecto esas prácticas se estaban dando con la autorización de una autoridad superior.
En el edicto se explicó que el objetivo era aclarar y si se estuvo violando las libertades democráticas, en especial el derecho a la intimidad.
El 29 de diciembre de 2010, Jované presentó esa denuncia en el Ministerio Público.
Obedecía a una publicación del diario The New York Times, donde hizo referencia a cables filtrados por Wikileaks, según los cuales el presidente Ricardo Martinelli pidió al Gobierno de Estados Unidos (EU) ayuda para interceptar teléfonos a través del programa "Matador", de la oficina antidrogas en el país.