sábado 24 de marzo de 2007

 

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LEY: PRESIDENTE CUESTIONA VARIOS ARTICULOS SOBRE ENRIQUECIMIENTO ILICITO
Torrijos envía veto a la Asamblea

Carlos Estrada Aguilar | Crítica en Línea

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José Castillero, asesor presidencial, entregó a Carlos Smith, secretario de la Asamblea, el veto presidencial del Código Penal. (Foto: Jorge Silot / EPASA)

El presidente Martín Torrijos envió ayer, a la Asamblea Nacional, las objeciones a la ley del Código Penal. El veto guarda relación con los temas de enriquecimiento injustificado, delitos contra la salud, delitos contra la administración de justicia y delitos ambientales.

En una carta enviada al presidente del Órgano Legislativo, el Presidente cuestiona los artículos 345 (penas sobre enriquecimiento injustificado), el 359 (alteración de fecha de vencimiento de productos), la eliminación del artículo sobre el prevaricato judicial y se objeta además el 414 que reduce penas en los delitos de ambiente,

Según Torrijos, las penas previstas por enriquecimiento injustificado no es cónsona con los postulados y principios del gobierno para reprimir la corrupción.

"Las penas señaladas para este delito no responden a los intereses que la sociedad reclama", expresó el Mandatario, destacando que el proyecto original contemplaba penas de entre 5 y 15 años de prisión, en tanto que lo aprobado va de 2 a 10 años.

Torrijos también resalta la omisión en la tipificación del delito por alterar fechas de vencimiento de productos, que en el Código actual se penaliza con prisión de tres a cinco años y multas de 150 a 300 días multas. El jefe del Ejecutivo advirtió que la omisión afectaría las investigaciones por el envenenamiento de pacientes de la Caja de Seguro Social.

José Castillero, jefe de Asesoría Legal de la Presidencia, entregó el veto al presidente del Legislativo, Elías Castillo. La Comisión de Gobierno tiene previsto iniciar la revisión del documento, el día martes.

El título de los delitos contra honor que inquieta a varios gremios periodísticos no forma parte del veto parcial. Sobre este particular, Castillero declaró que la norma aprobada por la Asamblea plantea un equilibrio de respeto entre la información de carácter público y las que son reservadas o de índole privado.

 

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