Viernes 22 de marzo de 2002

 

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Multitudinaria marcha

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Carlos Estrada Aguilar
Crítica en Línea

En una multitudinaria concentración sectores populares agrupados en el Movimiento Nacional por la Defensa de la Soberanía (MONADESO) marcharon a la Presidencia de la República para rechazar la presentación en la Asamblea del proyecto de ley sobre el uso del Fondo Fiduciario y la posible privatización de la Caja del Seguro Social.

La delegación sindical, conformada por el secretario de la Confederación de Unidad Sindical Independiente (CONUSI) Gabriel Castillo; por el secretario del SUNTRACS, Genaro López; por la representante de CONATO, Norma Cano; por el dirigente de los moradores de Mocambo, Leonel Longa, y los representantes de la Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP), Rafael Berrocal y Leandro Avila fue atendida por el vicepresidente Arturo Vallarino y la Ministra de la Presidencia Ivonne Young.

Los representantes del Ejecutivo actuaron en representación de la presidenta Mireya Moscoso quien se encuentra en Monterrey, México.

La movilización pacífica se inició a las 4:00 de la tarde desde el Parque Porras y recorrió toda la avenida Central hasta llegar al parque Catedral a un costado de la presidencia.

Los gremios sindicales del MONADESO rechazaron la propuesta de ley para el uso del Fondo Fiduciario que proyecta destinar unos 600 millones de dólares para el pago de la deuda y otros 400 millones de dólares para la compra de bonos y solo 200 millones el avance de obras sociales.

Conrado Sanjur, coordinador del MONADESO, manifestó que es importante alertar a la ciudadanía panameña sobre el uso del Fondo Fiduciario.

"Ante las claras intenciones del gobierno y del empresariado para otros usos muy alejados de las necesidades del empobrecido pueblo panameño debemos unirnos para hacer sentir nuestra posición", agregó.

Conrado dijo que es "irresponsable y demagógica" la posición del Ejecutivo de pretender utilizar este fondo para pagar deuda. Sostuvo que ante los niveles de corrupción que vive el país es imposible que el gobierno nacional quiera imponer el uso del dinero que le pertenece al pueblo para satisfacer las entidades financieras internacionales.

 

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