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Sin un consenso entre las agencia de crédito, los agentes económicos y los representantes de los consumidores, el Pleno de la Asamblea Legislativa continuó ayer la discusión en segundo debate del polémico proyecto de ley que regula el historial de crédito.
Pedro Acosta, representante de la Unión Nacional de Consumidores de la República de Panamá (UNCUREPA) sostuvo que la ley es positiva y que cualquier decisión de echarla por tierra demuestra que se impusieron poderosos intereses económicos.
Entre los obstáculos en la discusión de la ley Acosta detalló que "el problema es que el Ministerio de Comercio quiere meterse a regular un campo que no le corresponde, ya que como ente que autoriza las licencias de las empresas certificadoras de historiales de crédito, no puede pretender sancionar a estos mismos agentes".
Sostuvo que el manejo de información que existe entre los proveedores y las certificadores, que causan daño a los consumidores, tienen que ser regulador por la competencia de la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (CLICAC).
Acosta dijo que los agentes económicos y los representantes de Asociación Panameña de Créditos (APC) no quieren entender que la propuesta que se discute es una ley de "protección los consumidores".
Agregó que una de las propuestas de UNCUREPA es que la APC no sea considerada una Organización no Gubernamental (ONG), porque esa no es ni su intención, ni su razón social.
Por su parte el presidente de la Comisión de Comercio de la Asamblea Legislativa, Laurentino Cortizo, sostuvo que hace 50 años que no seregula la actividad de historial de crédito. Sostuvo que los datos que manejan dan fe que actualmente en la APC existen más de un millón 500 mil referencias de crédito, donde medio millón son referencias negativas.
Cortizo aclaró que esta ley que se discute "no es para proteger los mala paga", sino más bien para encontrar un equilibrio entre las agencia de crédito, los agentes económicos y el consumidor.
Añadió que en lo que va de la discusión del documento aún no existe consenso en varios de los artículos y en específico en lo referente a la prescripción de la deuda del consumidor.
"Existen tres temas de la ley en la que no hay consenso, pero en el tema de la prescripción de la deuda se está planteando el plazo de 7 años, igual sistema que utiliza el sistema crediticio estadounidense", agregó.
Cortizo dijo que este punto ha causado discrepancias entre las partes involucradas. El legislador manifestó que también existe discrepancia en la relación de regulación, investigación y sanción de las entidades de crédito entre el Ministerio de Comercio y CLICAC.
"Yo en lo personal considero que todo lo vinculado con el consumidor debe estar en manos de la CLICAC", agregó. Sostuvo que el proyecto en cuestión, por su complejidad se manejó inicialmente en una subcomisión dirigida por el legislador Arturo Araúz, antes de remitirlo al Pleno de la Asamblea para el segundo debate.
El parlamentario colonense se mostró confiado en que de una a dos semanas más se podría terminar con la discusión del tema y elaborar un documento que beneficie primeramente al consumidor. "Nadie quiere debilitar el sistema, el consumidor necesita del crédito y el empresario necesita del consumidor", señaló. |