Cuarenta y ocho horas después de las detenciones de 224 obreros del SUNTRACS y de civiles los abogados pidieron a la Procuraduría General de la Nación que inicie una investigación contra el director de la Policía Nacional, Gustavo Pérez, por mantener a ese grupo de personas en el Centro Penal La Joyita sin el derecho a su defensa.
El abogado Antonio Vargas explicó que no existen expedientes, y que ayer, jueves, varios corregidores dentro de la cárcel estuvieron imponiendo multas. El caso se encuentra a órdenes de la Corte Suprema de Justicia bajo la ponencia del magistrado Víctor Benavides, quien debe resolver los más de 200 hábeas corpus.
"Los obreros tienen 48 horas en un limbo jurídico absoluto, donde se han tomado medidas disciplinarias plagadas de irregularidades", criticó Vargas.
Cuestionó que "las cárceles se conviertan en tribunales de justicia".
El SUNTRACS interpondrá una acción urgente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como medida cautelar a favor de los detenidos, por lo que consideran las detenciones arbitrarias.
Por su parte, la Policía Nacional dio a conocer que en el operativo realizado el pasado miércoles 17 de marzo, se logró la retención de 30 personas que presentan casos pendientes con la justicia por diversos delitos, según la información del Pele-Police.
Informaron que 224 personas se encuentran en el centro penal La Joyita.
Unas 7 personas mantienen casos pendientes, entre estos, Juan Miguel Guerra con condena de 40 meses , Jorge Emilio Domínguez con condena de 20 meses ambos por lesiones personales; Vladimir González es investigado por pandillerismo, Ernesto Cuevas con condena de 6 meses de prisión por el delito contra el patrimonio.
También aparecen en la lista policial: Miguel Marín condenado a 100 días por posesión simple de drogas, Edwin Arrue requerido por el delito contra la integridad sexual y Edgar Figueroa requerido por el delito de daños a la propiedad.
