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EDITORIAL
El escrutinio de los periodistas
Juan Manuel Díaz, de El Panamá América; Rainer Tuñón, de El Universal; y José Otero de La Prensa, son los nombres de los tres periodistas, que más recientemente han sido golpeados por la fusta de la intolerancia. Se les acusa de atentar contra la honra de un ciudadano, a quien se le señaló como sujeto de una investigación por falsificación del diploma que lo acredita como profesional de la medicina. Una vez más, a los periodistas se les amenaza con la cárcel.
Lo interesante del caso es la coyuntura en la que se da el fallo del juez, justamente cuando hierve el debate sobre la labor de los medios de comunicación en contra de la corrupción generalizada que agota el basamento moral de la Nación. Hoy, más que nunca, se hace realidad en Panamá lo que durante 21 años de dictadura militar, fue pura retórica: los profesionales de la noticia, como detentadores de un cuarto poder del Estado.
Esto que hacen con Díaz, Tuñón y Otero, sencillamente, ojalá que no premeditadamente, provocaría que pierda ardor e intensidad esa capacidad que han adquirido los medios de comunicación para sacar a flote la basura que revolotea en el submundo de la corrupción y el delito de cuello blanco.
Tal vez por eso, a estas alturas, después de 11 años de "vida democrática", las normas que regulan el ejercicio del periodismo no han sido codificadas en un solo cuerpo legal, que propicie disciplina, garantías y orden en el universo de la información pública.
Quienes han detentado el poder desde 1989 a la fecha le han huido al tema. Saben que legislar sobre el tema conllevaría establecer reglas del juego, desde sanciones civiles (nunca penales) a los periodistas incumplidos, hasta garantías para la obtención de información sobre la gestión de gobierno y las empresas privadas que se benefician del Tesoro Nacional. Y a esto último todos los políticos le temen terriblemente.
Prefieren el caos actual, que les permite ampararse en leyes medievales como las aplicadas a los periodistas Díaz, Tuñón y Otero, a quienes se les considera delincuentes, y no profesionales de la pluma, quienes cuando más, podrían ser acusados de impericia, porque no incurrieron en dolo alguno.
Ante este estado de cosas, los periodistas de todos los medios protestarán frente a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia, exigiendo a quienes ostentan el poder, que detengan los abusos y se dejen fiscalizar por el ojo crítico de la prensa nacional.
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PUNTO CRITICO |
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