Cada cierto tiempo, los afectados por el envenenamiento masivo con jarabes producidos por la Caja de Seguro Social con el refrigerante dietilenglicol, junto a sus familiares, desarrollan tranques de calles, reclamando una mejor atención. Esta ha sido la peor tragedia en Panamá en materia de salubridad. Gente que llegó en busca de remedio para un resfriado quedó en la tumba o con daños irreversibles en su organismo.
De eso hace casi cinco años y todavía no se sabe a ciencia cierta cuántas personas resultaron afectadas, pero las cifras más conservadoras la estiman en algunos miles. Fue un negociado mortal. Compañías de China Continental, España y Panamá, así como funcionarios que no cumplieron con sus obligaciones, dieron paso a ese envenenamiento masivo.
Una compañía local que no tenía ni fondos para adquirir la materia prima que le vendía al Seguro Social, y que solo obtenía ingresos de otras empresas a través de la figura del "factoring", fue la suplidora del dietilenglicol, en vez de la glicerina para preparar medicamentos que se le había solicitado.
En muchos hogares panameños se llevará el luto permanente por el pariente que falleció; en otras casas se hacen esfuerzos por aliviar un poco los daños renales causados por el refrigerante.
Es cierto que los tranques molestan a todos, pero una persona afectada por el dietilenglicol en algunas ocasiones no tiene mayor opción para hacerse sentir.
Ahora surge una luz de esperanza al estudiarse la posibilidad de pensionar a los afectados por el envenenamiento. Ojalá que esa opción se pueda materializar para que el Estado asuma su parte de responsabilidad en esa tragedia nacional.