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El presidente de la Asamblea Legislativa, Laurentino Cortizo y el contralor Alvin Weeden suscribieron ayer un acuerdo para reglamentar el uso de B/.38 millones de las partidas circuitales, que ahora serán repartidas equitativamente.
El acuerdo de reglamentación establece que en "ningún caso, el legislador o su personal podrá encargarse de las cotizaciones, ni tendrá injerencia en la designación del contratista final" de un proyecto financiado con las partidas circuitales.
Las partidas serán ejecutadas a través del Ejecutivo, municipios y organizaciones no gubernamentales. Los legisladores designarán un coordinador para los trámites administrativos de formulación y seguimiento de los proyectos, que no podrá tener parentesco con el legislador dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
Aunque los respectivos circuitos tendrán la prioridad en los proyectos, se podrá utilizar hasta un 25% de las partidas para proyectos de carácter provincial o nacional, y este porcentaje sólo se aumentará en caso de emergencias o desastres.
Cuando un proyecto sea destinado para la adquisición de bienes, el ente depositario o el administrador de éste, cobrará hasta el 5% del valor total del proyecto, pero cuando se trate de obras de infraestructuras, podrá destinarse hasta el 8% para sufragar gastos del depositario o administrador.
Los organismo depositarios, administradores y ejecutores de los proyectos serán auditados y fiscalizados por la Contraloría.
Los legisladores deberán presentar cada 31 de marzo un informe de ejecución de sus proyectos del año inmediatamente anterior.
Durante años, el manejo de las partidas circuitales ha sido blanco de escándalos, y hasta el hoy procurador José Antonio Sossa, denunció a los legisladores del período 1984-1989 por presunto peculado. |
