El Órgano Ejecutivo vetó el proyecto de ley por el cual se pretendía regular el ejercicio de la profesión de salvamento acuático, al considerar que resultaba "inconveniente en su conjunto".
Según las objeciones presentadas por el presidente, la creación de una Junta Técnica de Salvamento Acuático, cuyas funciones estaría la de aprobar y emitir certificados de idoneidad y las licencias profesionales de los guardavidas.
En el informe se hacen observaciones a las sanciones que serían aplicadas por la Junta Técnica de Salvamento Acuático, las cuales no están definidas con suficiente claridad, ya que no se establece correctamente la gradualidad de las penas previstas ni tampoco se define, en el caso de las sanciones monetarias, las cuantías que podrían ser impuestas.
