El fiscal Contra el Crimen Organizado, José Ayú Prado, tendrá que seguir investigando el proceso por blanqueo de capitales donde está vinculado el ex presidente Ernesto Pérez Balladares.
La juez Novena suplente, Anabella Jiménez Salamín, declaró que no es legal el impedimento solicitado por el fiscal Ayú Prado para seguir conociendo el caso Pérez Balladares, Eyda Achón Quezada y otros.
Jiménez dijo en la resolución que no se considera que haya causal de impedimento.
La juzgadora observó que la relación entre el fiscal Ayú Prado y el abogado Solano Aparicio, que actúa en calidad de apoderado en el caso del ex mandatario, sí constituye una relación jurídica, pero se extinguió hace casi 7 años en virtud de la culminación de un proceso civil.
Ayú Prado y su familia contrataron los servicios del abogado que actúa en el proceso del ex presidente para un trámite de una sucesión.
Por otra parte, la abogada Guillermina Mc Donald, defensa de Pérez Balladares, criticó la solicitud del impedimento y la calificó de no ser una actuación prístina, la cual atenta contra los derechos del ex presidente.
La abogada dijo que apeló la negación de la fianza solicitada a favor de Ernesto Pérez Balladares ante el Juzgado Noveno de Circuito Penal.
McDonald alegó que se debe asignar la suma a la fianza conforme a lo que dice la investigación, al tiempo que advirtió que en los 21 tomos que conforman el expediente "no está probado el delito de blanqueo de capitales porque no existe ese delito dentro de la investigación".
Para la defensora, Pérez Balladares tiene derecho a que se le fije una fianza para tener libertad ambulatoria, "y al ex presidente hasta ese derecho se lo están negando".
La investigación contra el ex mandatario inició por un informe elaborado por la Unidad de Análisis Financiero.
Ernesto Pérez Balladares se mantiene con una medida cautelar de casa por cárcel desde el 14 de enero, fijada por la Fiscalía Contra el Crimen Organizado.
