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Laurentiono Cortizo, Teresita Arias y Rubén Arosemena, los únicos que se han despojado de la inmunidad.  |
El peor escándalo de corrupción que ha sacudido al país en la última década, amenaza con quedar en nada. Desde hoy, los miembros de la Asamblea Legislativa, algunos de los cuales son acusados de cobrar coimas para aprobar el proyecto del Centro Multimodal y ratificar a magistrados, recuperan su inmunidad.
La inmunidad es como un escudo que protege a los legisladores de cualquiera investigación. La Asamblea ha hecho caso omiso a una exhortación del procurador José Antonio Sossa, para que se produzca una renuncia colectiva de la inmunidad.
A pesar que muchos legisladores que han desfilado por el Ministerio Público han expresado su intención de renunciar a la inmunidad, lo cierto es que sólo tres: Rubén Arosemena, Teresita de Arias y Laurentino Cortizo, han comunicado oficialmente que se despojan de esa prerrogativa.
En la última década tres legisladores han sido despojado o han renunciado a su inmunidad para someterse a procesos penales: Elías Castillo, Anel Ramírez y Mario Miller.
El Ministerio Público ha quedado amarrado para investigar las acusaciones, e indagar el secreto peor guardado de Panamá: la corrupción oficial.
El detonante de la crisis ha sido el legislador Carlos Afú, quien confesó que él y varios de sus colegas habían recibido por parte de su colega Mateo Castillero, sobres llenos de dinero a cambio de su voto de aprobación al proyecto de Centro Multimodal de Colón.
La gente se imagina que el dinero llegó en cajetas repletas de sobres amarillos con billetes de 20 dólares en su interior. Hubo alguien encargado de distribuir el "mamey". Todas esas suposiciones, las trata de comprobar el Ministerio Público.
Pero bajo el concepto de inmunidad los legisladores no pueden ser investigados ni procesados por ningún delito cometido, salvo que se le capture in fraganti.
Según la presidenta del PRD, "la inmunidad es una prerrogativa o derecho personal de cada legislador". "En lo particular, yo me levanto mi inmunidad para autorizar la investigación; pero eso no es una decisión que se puede hacer sin que se cumplan algunos procedimientos".
Los procedimientos a que Herrera se refiere iniciarían con una solicitud formal por parte de la Procuraduría al pleno de la Asamblea de que se levante la inmunidad a uno o más legisladores, sustentada con fundamentos de peso derivados de la misma investigación.
Si el legislador o legisladores no aceptan, la decisión de levantarse la inmunidad se decidiría por votación del pleno. Bajo estas circunstancias, las probabilidades de que el levantamiento de inmunidad se extienda a todos los legisladores quedan prácticamente entre cero y ninguna.
"Esto es diferente a como es una línea de partido", añade Herrera. "Hemos dicho que ningún elemento puede estar por encima de lo que se profundice en las investigaciones".
"Puede que la petición de la Procuraduría sea para los 71 legisladores; puede que sean sólo los mencionados; o puede que el procurador mande los expedientes a la Comisión de Credenciales para que esta revise si hay méritos o no para la indagación".
Herrera sostiene que "cuando el procurador solicita remover inmunidad, tiene que ser con elementos de juicio. Tienes que presentar las pruebas".
Crítica consultó sobre este tema a la Procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fetcher, quien coincidió que al final, los propios legisladores decidirán si quieren o no ser investigados.
"Todo va a depender de la decisión que tomen todos los legisladores.
No es posible que se les pueda obligar o decidir por ellos", sostiene Montenegro de Fletcher.
"La investigación tal y como la ha planteado el procurador, pareciera requerir del levantamiento de la inmunidad, y eso tendrá que ser considerado a nivel personal de cada legislador", añade.
¿Significa esto que para que el pueblo pueda saber la verdad del caso judicial más grande de la historia, deberemos apelar a la buena voluntad y a la conciencia de los legisladores, cuando esos mismos valores son los que les son cuestionados por la opinión pública? ¿Es la inmunidad sinónimo de impunidad?
"Las leyes son las leyes. Mientras las leyes contengan esas normas, no habrá más remedio que cumplirlas", sostiene la procuradora.
De acuerdo con el presidente de la Cruzada Anticorrup-ción, el empresario Carlos Ernesto González Ramírez, en estos momentos el problema que involucra el levantamiento de inmunidad no es jurídico, sino ético. No se basa en quiénes son investigados o no, sino en el principio de que "el que nada debe, nada teme".
"Para que la Asamblea recobre la confianza de los electores, es preferible levantar la inmunidad de todos los legisladores. Especialmente aquellos que hayan votado a favor del contrato con el Consorcio San Lorenzo", propone González Ramírez.
"La investigación no se puede limitar solamente a todos los que han denunciado, sino a todos los que votaron a favor. Hay una pregunta evidente por parte de la ciudadanía que se tiene que aclarar", enfatiza. "Si no hay un levantamiento generalizado de inmunidad, eso va a crear un gran malestar en la población".
La figura de la inmunidad existe en prácticamente todos los parlamentos del mundo. Su origen radica en la necesidad de proteger a los parlamentarios de una posible persecución por parte del Organo Ejecutivo.
Pero de acuerdo con el abogado Roberto Troncoso, ex presidente del Comité Panameño de Derechos Humanos, la inmunidad parlamentaria tal y como existe actualmente se hace innecesario debido a las circunstancias que existen hoy en día.
Troncoso sostiene que ya no existe un régimen militar perseguidor que haga necesario acogerse a una inmunidad.
"Lo que se requiere en estos momentos es una buena reglamentación sobre el tema de la inmunidad".
"La Asamblea está envuelta hoy en unos escándalos bochornosos para toda la República. No podemos trasladar esto en impunidad. La única forma de conocer la verdad en el país es a través de la conclusión de los procesos que se siguen en un caso; y de no concluir, quedará siempre la estela de duda y la incertidumbre", destaca. |