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El gobierno del presidente George W. Bush ha anunciado que dará la batalla contra una demanda judicial que le exige identificar a los ejecutivos de las empresas, incluida la quebrada Enron, que le asesoraron para concebir su política energética.
La demanda, que ha puesto en pie de guerra a los poderes Ejecutivo y Legislativo, exige la presentación de documentos sobre las reuniones y fue presentada por la Oficina de Contabilidad General (GAO), brazo investigador del Congreso de EU, contra el vicepresidente Richard Cheney.
La Casa Blanca ha dicho que la GAO se excedió en sus atribuciones y que la entrega de documentos no solo infringiría la separación constitucional de los poderes, sino que también debilitaría a la Presidencia y posiblemente la seguridad nacional.
La Oficina de Contabilidad General ha dicho que tiene derecho a exigir esa documentación como parte de sus funciones de supervisión de las actividades del Ejecutivo.
El conflicto se inició en abril del año pasado, pero adquirió relevancia después de que en diciembre la empresa Enron, dedicada a la comercialización energética, se declarase en bancarrota dejando a miles de inversionistas en la ruina y a la mayoría de sus empleados sin fondos de jubilación.
La empresa, que según las denuncias falseó sus estados contables para ocultar la crisis financiera en que se encontraba, fue uno de los principales contribuyentes a las campañas políticas tanto de Cheney como de Bush.
Los representantes de Enron se reunieron al menos seis veces con Cheney o con funcionarios a cargo de formular la política energética que, según los críticos, contiene muchas disposiciones favorables a esa empresa.
La demanda, presentada en el Tribunal del Distrito Federal de Columbia, nombra a Cheney como acusado en su doble condición de vicepresidente de EU y de presidente del equipo de trabajo de la administración Bush para la energía. Hasta ahora no se ha anunciado cuándo se iniciará el proceso.
Bush y Cheney fueron ejecutivos de empresas petroleras, pero la Casa Blanca ha rechazado las denuncias de que las compañías dedicadas a la energía hayan influido en su política o resultado favorecidas por sus decisiones. |
