En las cárceles que se encuentran bajo la custodia de la Policía Nacional, como es la sede de Ancón, Las Tablas, Veraguas y Darién, los delegados de la Defensoría del Pueblo no han podido constatar las denuncias por supuestas violaciones a los derechos humanos de los detenidos.
Los custodios policiales de estos recintos penitenciarios no permitieron a los funcionarios defensoriales utilizar sus cámaras fotográficas y de vídeo, cuyos equipos constatan las posibles violaciones a los reos.
Estas anomalías fueron comunicadas mediante una misiva enviada, el pasado mes de enero, por la adjunta de la Defensoría del Pueblo, Mónica Pérez, al director de la Policía Nacional, Francisco Troya.
Los obstáculos se registraron en la cárcel pública de Las Tablas, donde habían tres detenidos en huelga de hambre. En este caso no se le permitió al delegado defensorial verificar el hecho. En otras dos ocasiones se ha negado el acceso a la cárcel de La Palma, Darién y hay restricciones en Veraguas.
