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Nadie puede estar contra el progreso. Eso lo entiende la gente que reside en Tinajitas, que serán desalojados para facilitar la extensión del Corredor Norte, pero antes reclaman una indemnización justa.
La extensión del Corredor Norte implica el desalojo de centenares de familias y la destrucción de 344 casas, de las cuales la mitad, según las autoridades del Ministerio de Vivienda (MIVI), se construyeron por medio de invasiones masivas en terrenos del gobierno.
Los moradores de Tinajitas consideran que el gobierno nacional, representado por la Contraloría, el MIVI y la Dirección de Catastro, están devaluando sus terrenos y viviendas.
Según los residentes, sólo se les quiere ofrecer entre 4 mil y 5 mil dólares, cifra que se encuentra muy por debajo de lo que reclaman.
Rita González, vocera de los residentes, manifestó que ninguno de los dueños de estos terrenos está dispuesto a desmejorar su condición de vida, saliendo de sus casas sin una propuesta seria del gobierno nacional.
Sostuvo además que inicialmente se les propuso pagarles en efectivo, pero al final se acordó suministrarles una vivienda, la cual consideran como una "porquería", debido a que no cumplen con sus exigencias habitacionales.
El desalojo de estas viviendas está programado para realizarse a finales del mes de febrero. Algo aquí es claro, el gobierno tiene que desalojar el área y los moradores no saldrán si no se les paga lo que ellos consideran justo.
Luego del descontento generalizado y la negación de los residentes de Tinajitas, las autoridades acordaron finalmente realizar una nueva valoración de los terrenos por donde pasará el Corredor Norte, claro, esta vez tomando en cuenta mejoras, inversiones y extensiones habitacionales que los propietarios han realizado.
Voceros del Ministerio de Vivienda manifestaron que actualmente existen 166 lotes de 450 metros cuadrados cada uno, para las familias que serán desalojadas.
Las tierras están ubicadas en la Urbanización El Progreso, de Torrijos-Carter.
La propuesta incluye la construcción de una vivienda de 40 metros cuadrados, con sala-comedor, cocina y dos recámaras.
Según el MIVI, la primera etapa que abarca desde los tanques de Tinajitas hasta la Escuela San Martín, comprende el desalojo de 54 viviendas, de las cuales 21 están valoradas por encima de los 10 mil dólares y 23 son productos de invasiones, sin embargo se optó por reubicar a todas las personas por igual.
Paralelamente a la extensión del Corredor Norte se ha programado la construcción de la línea de transmisión eléctrica de la empresa estatal ETESA S.A. y de la empresa privatizada Elektra Noreste, además se contempla la ejecución del proyecto del IDAAN Línea de Oriente que llevará agua a las comunidades apartadas de Tocumen, Mañanitas, Torrijos-Carter, entre otras.
Por su parte el ingeniero José Melgarejo, presidente ejecutivo de PYCSA Panamá, manifestó que esta extensión del Corredor Norte viene a formar parte de un programa de infraestructura vial que se acordó junto con el gobierno al momento de la concesión administrativa a 30 años.
Sostuvo que este proyecto es una necesidad creciente para mejorar el transporte, la comunicación vial a nivel urbano y para contribuir al descongestionamiento vehicular del área Este y centro de la ciudad de Panamá.
La etapa inicial, que contempla los 10 primeros kilómetros del proyecto, está programada a realizarse en un plazo de 18 meses. Así mismo agregó que la segunda fase culminaría en 24 meses y el costo total de la obra alcanza los 95 millones de dólares.
Melgarejo manifestó que la servidumbre a utilizar es propiedad del Estado panameño y que la decisión de construir por el sector de Tinajitas fue precisamente, porque el contrato así lo dispone.
"En el caso que las tierras resultaran ser propiedad privada, nosotros como consorcio constructor asumiríamos el costo total de la indemnización", señaló.
Aseguró además que este retraso en la construcción de la extensión del Corredor Norte está dejando pérdidas millonarias al proyecto. "Hemos calculado pérdidas económicas importantes en concepto de inutilidad de maquinarias entre otras similares", señaló.
Aunque no contabilizó la cifra, sostuvo que la obra debió iniciarse desde diciembre de 1999, sin embargo el gobierno es quien tiene la obligación, según el contrato, de desalojar las personas que habitan en la servidumbre por donde pasará la carretera de más de 19 kilómetros de largo. |