El segundo debate en torno a las reformas al Código de Recursos Minerales arranca hoy, con pronósticos de mayor tensión entre el gobierno, que impulsa el plan, y grupos ambientalistas opuestos a cualquier tipo de extracción de minerales en el país a gran escala.
La semana pasada, el Ministro de Comercio e Industrias, Roberto Henríquez, sufrió un leve infarto, tras sustentar el proyecto ante diputados de la Comisión de Comercio de la Asamblea y grupos anti minería, que incluyen indígenas, grupos estudiantiles, organizaciones no gubernamentales y sindicatos.
Las posibilidades de puntos medios parecen inexistentes. Las consignas de los ambientalistas se concentran exclusivamente en la no aprobación de reforma alguna. Sencillamente exigen cero minería en Panamá, y punto.
Por el otro lado, el gobierno ya ha amarrado la continuidad de varios de sus principales proyectos a los ingresos que provengan de aumentar las regalías derivadas de la actividad minera una vez se apruebe el proyecto.
Es importante que el gobierno maneje esta situación con el mayor tacto posible, porque no podemos darnos el lujo de repetir en la ciudad capital un de enfrentamiento callejero como el que se produjo en Bocas del Toro el año pasado.