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Brenda de Icaza  |
La alcaldesa del distrito de La Chorera, Brenda de Icaza, en una nota enviada a la procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, acusó a los representantes de corregimiento de pretender una "intentona golpista", al querer privarla como autoridad de ejercer sus funciones constitucionales y legales.
La nota De Icaza se da en respuesta a un informe de conducta solicitado por la procuradora de la Administración, luego que los ediles chorreranos interpusieran una querella ante su despacho, después que esta se negara a desembolsar las partidas de funcionamiento de las juntas comunales y los gastos de movilización correspondientes.
De Icaza señala que la medida adoptada se debió a una recomendación del jefe de Fiscalización de la Contraloría General de la República, sobre la necesidad de racionalizar los gastos limitándose al pago de la planilla y servicios básicos, al igual que aquellos gastos que impidieran el normal funcionamiento de la institución, entre otras.
Destaca que no ha actuado de acuerdo con su voluntad discrecional, sin conforme a las disposiciones legales vigentes, respetando las facultades del Consejo Municipal.
Sostuvo que si los representantes se mantienen dentro de las disposiciones legales vigentes y cumplen con los requisitos exigidos para todos su trámites, no existe razón para que los pagos no se efectúen no obstante, persisten en "andar por las esquinas", por lo que afirma no cederá a violar las leyes "para satisfacer sus intereses personales".
Advierte a la procuradora que se deben analizar estas actuaciones "al margen de la ley" cometidas por los ediles chorreranos, entre ellas, la manera en que han sido violadas las leyes acuerdos municipales por parte del edil Leonardo Hernández, del corregimiento de Barrio Balboa, al exonerar del pago de impuesto a una empresa por la colocación de vallas publicitarias.
Destacó que otro de los hechos es la prórroga de tres contratos del Departamento de Tesorería por tres meses, al igual que la renovación por tres meses de trabajadores del vertedero, aún cuando el Concejo aprobó la Resolución 01 del 2 de enero de 2002, en que se congelaban las posiciones y se asume la facultad de ordenar pagos y racionar gastos.
De Icaza solicita a la procuradora que más que analizar su conducta se debe fiscalizar las acciones de los representantes, que a su juicio pone en peligro la estabilidad jurídica del municipio. |