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Movimiento político indígena propondrá amnistía para sublevados
Agencias
Internacionales
La diputada indígena Nina Pacari, segunda vicepresidenta del Parlamento de Ecuador, anunció el miércoles que su movimiento político Pachakutik planteará un proyecto de amnistía general para los militares y civiles que se sublevaron en enero pasado, provocando el derrocamiento del entonces presidente Jamil Mahuad por un golpe militar. En declaraciones a la prensa, Pacari dijo que Pachakutik, con seis legisladores, solicitará la amnistía al unicameral Congreso Nacional para todos los que participaron en una rebelión contra el orden constituido las Fuerzas Armadas retiraran el respaldo y pidieran la renuncia a Mahuad el 21 de enero. Al siguiente día, Mahuad denunció que había sido derrocado por un golpe militar, mientras su vicepresidente, Gustavo Noboa, asumió la primera magistratura ante la ausencia del presidente titular. Pacari señaló que de acuerdo a la Constitución, el Parlamento tiene la atribución de conceder amnistías generales por delitos políticos con el voto favorable de la dos terceras partes de sus integrantes (82 de los 123 legisladores). La Carta Magna establece que para las amnistías e indultos (para delitos comunes), la decisión de las dos terceras partes de los congresistas "se justificará cuando medien motivos humanitarios". La cúpula indígena ecuatoriana, que impulsó la caída del presidente Jamil Mahuad, condicionó el miércoles el diálogo que el gobierno de Gustavo Noboa anhela sostener con ese grupo para evitar un nuevo estallido social. Ante el condicionamiento, el gobierno mantuvo su tesis de iniciar los contactos en un clima de apertura, que no implique compromisos o exigencias por adelantado. Mandos medios del ejército ecuatoriano, aliados a miles de indígenas, se sublevaron el 21 de enero contra Mahuad y se autoproclamaron "gobierno de salvación nacional". La causa no prosperó y al día siguiente se dio paso a una sucesión para que el vicepresidente Noboa, un abogado de 62 años, asumiera el poder hasta enero del 2003, con el ayo de la cúpula militar. El vicepresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Ricardo Ulcuango, dijo que habrá diálogo si el gobierno perdona a los militares insurrectos y convoca a un plebiscito para evaluar la posibilidad de cerrar el Congreso. "Tienen que liberar a los coroneles detenidos. Tienen que dejar la persecución a los dirigentes indígenas para entablar cualquier tipo de diálogo", declaró a la prensa. "Aquí el culpable del levantamiento es el hambre, la necesidad, la miseria", dijo Ulcuango. "El presidente (Noboa) ha anunciado el diálogo, pero en la práctica no tenemos ninguna convocatoria desde el gobierno". Según analistas, la lentitud de Mahuad en resolver la crisis económica fue lo que germinó un alto descontento social y, por ende, su caída. Ecuador se debate en una crisis económica, que en 1999 provocó una inflación de 60,7 por ciento, una devaluación de la moneda de 67 por ciento, una contracción del Producto Interno Bruto de 7,5 por ciento y una moratoria de la deuda externa de más de 13.000 millones de dólares. A ello se le sumó una tasa de desempleo de 17 por ciento y una creciente pobreza que afecta a 62,5 por ciento de los 12,4 millones de ecuatorianos. Dirigentes indígenas han advertido que si Noboa no resuelve los problemas del país en seis meses, los ecuatorianos verán un nuevo levantamiento, que podría ser violento. Ulcuango reveló que los indígenas han empezado a recolectar en todo el país las casi 600.000 firmas que el tribunal electoral les exige para dar paso a la convocatoria a un plebiscito a fin de decidir la suerte del parlamento unicameral de 123 miembros. Durante la sublevación, los indígenas pedían no sólo la salida de Mahuad sino además el cierre del Congreso y del poder judicial, a los que consideran responsables de la crisis económica. El propio Noboa ha dicho que una de sus prioridades será la de atender las demandas sociales de los indígenas, ya que el riesgo de otra crisis política está a la vuelta de la esquina. Organismos privados y de investigación señalan que los indígenas en Ecuador representan al menos 30 por ciento de la población de este pequeño país andino. Ante el discurso beligerante indígena, el secretario de la Administración, Marcelo Santos, trató de poner paños fríos. "Las energías de los diversos sectores de la población no pueden ser desperdiciadas en luchas y confrontaciones estériles", declaró a los periodistas. "No vamos a esperar que nos pidan el diálogo, vamos a buscar el diálogo. Tenemos el deber de dialogar, de afianzar la reconciliación nacional", agregó. Según el secretario, el gobierno no interferirá en el enjuiciamiento que se le sigue a los militares sublevados. Informes periodísticos, no desmentidos oficialmente, han dicho que unos 300 miembros del Ejército estarían bajo investigación militar y que por lo menos 17 oficiales se encuentran detenidos en recintos castrenses de Quito.
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