|
Varios de los impulsores del Proyecto de Acceso a la Información Pública, entre los que se cuentan Transparencia Internacional, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) y la Defensoría del Pueblo, instaron de la manera más respetuosa a la Presidenta de la República a sancionarlo como Ley de la República y como efectivamente hizo en el día de hoy.
Consideramos que esta ley debe convertirse en una de las mayores conquistas de la sociedad civil, facilitando a los ciudadanos y a los periodistas el libre acceso a la información pública de toda agencia o dependencia del Estado, incluso de empresas de capital mixto, cooperativas, fundaciones, patronatos y organismos no gubernamentales que hayan recibido o reciban fondos, aportes de capital o bienes del Estado.
En el interés de apoyar la Ley, la Defensoría del Pueblo colocó al alcance de los ciudadanos y de los medios de comunicación social, a través de nuestra página en internet, toda la información financiera de nuestra institución, que incluye la planilla de salarios y gastos de representación de los funcionarios, los pagos hechos a proveedores desde 1997 y todas las compras en proceso, con el fin, entre otras cosas de promover el interés ciudadano por el manejo de los haberes públicos, y de incentivar el concepto de "auditor ciudadano", como instrumento adicional y eficaz en la lucha contra la corrupción.
Instamos y recomendamos a los tres Organos de Estado a establecer una estrategia pública en la lucha contra la corrupción; a educar a los funcionarios en su deber de rendir cuentas al ciudadano; a proporcionar información durante su gestión; a mejorar la legislación relativa a contrataciones y licitaciones públicas con miras a obtener una mejor transparencia; a apoyar una legislación relativa a conflictos de intereses; a fortalecer la capacidad investigativa de las fiscalías anticorrupción del Ministerio Público; a establecer una unidad de seguimiento en la Contraloría General de la República que investigue el incremento patrimonial del funcionario público teniendo como basamento sólo un indicio leve; y a impulsar a través del Ministerio de Educación una educación en valores éticos y morales.
Lo anteriormente mencionado es parte de las medidas aún enlistadas en la agenda de la sociedad civil, para mejorar nuestras probabilidades de éxito en la lucha contra la corrupción. El Estado debe comprometerse aún más, si desea tener el éxito esperado. Así sea. Juan Antonio Tejada Espino, Defensor del Pueblo. |
