El fiscal primero de Drogas, Patricio Candanedo, refutó señalamientos de que ese despacho haya incurrido en acciones antijurídicas dentro de un voluminoso expediente relacionado a la "Operación Buenaventura".
Candanedo reiteró que no se pueden devolver bienes a las personas investigadas por narcotráfico, hasta tanto los tribunales adopten una decisión al respecto.
"Los bienes no están en administración judicial, sino en depósito judicial; al juez del conocimiento del expediente se le solicitó que se procediera a la administración judicial", pero eso no se ha dado.
El funcionario señaló que cerca de 26 personas quedaron fuera del proceso, o sea, favorecidos con la decisión adoptada por una resolución del Segundo Tribunal Superior de Justicia.
Personas de diferentes nacionalidades figuraban en el grupo de investigados por la Fiscalía de Drogas, a raíz de la "Operación Buenaventura", realizada el 13 de agosto del 2002.
La DEA informó al Ministerio Público y a la PTJ que desde Colombia, un grupo organizado liderado por Harold Irurita López, introducía drogas a Panamá por medio de lanchas rápidas, cuyo destino era México y Estados Unidos.
