La reforma fiscal de Ricaurte Vásquez se ha convertido en la "Mal Querida". El sector empresarial en pleno y la oposición política se aliaron para expresar su rechazo al proyecto y reclaman posponer las sesiones extraordinarias convocadas para debatir ese proyecto.
La Coordinadora Nacional de Oposición envió una carta al mandatario Martín Torrijos donde advierte que llevar a sesiones extraordinarias algo que tendrá profundo impacto en la actividad económica del país, no parece ser lo más aconsejable.
Aunque la oposición reconoce que se han producido abusos de los contribuyentes, cuestiona que se pretenda transformar el principio de territorialidad fiscal que tanto beneficio ha producido durante décadas para ubicar a Panamá como un Centro Internacional de Servicios.
Además advierten que el Impuesto sobre la Renta Mínima Alternativo (IRMA) afectará toda la actividad económica, porque trastoca el sentido de rentabilidad en los negocios y producirá un traspaso en cascada que afectaría a todos los sectores en la cadena de consumo de bienes y servicios.
Los partidos Molirena, Solidaridad, Cambio Democrático y Liberal Nacional rechazan la propuesta de reformas y solicitan posponer la convocatoria a sesiones extraordinaria de la Asamblea Nacional.
Tras una reunión en la Presidencia, los miembros de la Coordinadora de Oposición salieron desconcertados luego que se les informara que el proyecto borrador de reforma fiscal presentado la semana pasada había sufrido cambios profundos.
Mientras, el Consejo Nacional de la Empresa Privada pidió al Ejecutivo que permita un gran debate nacional durante 10 días hábiles antes de presentar a la Asamblea el proyecto de reforma, porque una discusión con tiempo reducido alberga demasiados riesgos.
Según el CoNEP, la reforma no corrige la pobreza, encarece el costo de la vida, afecta el principio y la definición de la territorialidad,
Destacan que Panamá desde su nacimiento se encausó por el sendero de una economía de servicios impulsada por el principio de territorialidad tributaria. Así, sólo se grava la renta producida dentro del territorio nacional.
Por su parte, la APEDE advirtió que el Impuesto de Renta Mínimo Alternativo del 2% generará aumentos en el costo de la canasta básica.
La Cámara de Comercio también expresó preocupación, porque la propuesta divulgada significará la pérdida de miles de empleos, el aumento inmediato de precios al consumidor y la disminución del poder adquisitivo de los asalariados y profesionales, así como también afecta la seguridad jurídica.