Tres años después de penetrar por la fuerza en la embajada mexicana para emigrar, 23 cubanos comparecen ante un tribunal de La Habana para enfrentar solicitudes fiscales de entre cinco y 12 años de cárcel.
Los acusados comparecen ante la sala de lo penal del tribunal Provincial de La Habana, que desarrolla el proceso.
La fiscal Edelmira Pedris Yumar solicitó inicialmente 12 años de prisión para 12 de los acusados; 10 años para otros seis y cinco años para los restantes.
El 27 de febrero de 2002, 18 de esas personas raptaron un ómnibus de transporte local y lo proyectaron contra la verja de hierro de la sede diplomática, penetrando abruptamente en los jardines de la embajada, solicitando refugio.