Viernes 10 de enero de 2003

 

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  OPINION

EDITORIAL
La ola de crímenes

Con el asesinato de Manuel José Ciérvide Lacayo, el vaso se derramó. Empezamos el año tal como lo terminamos: a tiros. La mayoría de las víctimas son jóvenes integrantes de bandas o sus familias, y en esta última ocasión, se trata de un conspicuo militante del Partido Arnulfista, que a la sazón se desempeñaba como cónsul en Sudamérica.

Al margen de los asesinatos pasionales, los crímenes, producto del maltrato familiar, los accidentes de tránsito y los suicidios -que abundaron en el año 2002-, los que encabezan este período son los que se generan por la delincuencia juvenil, trágicamente ligada al mundo del narcotráfico. Estos muchachitos están siendo utilizados por la mafia de la droga, quien los lanza a las calles para que se maten unos a otros, y para que caigan abatidos por las balas de la Policía. El resultado, por supuesto, es el enriquecimiento ilícito de algunos avivatos, mientras las familias pobres de Panamá se consumen por el luto y el dolor.

La mayoría de los crímenes que se cometen en el país, en los que muere gente inocente, víctimas de atracos, tienen como núcleo el mundo de la droga. Los maleantes buscan armas y dinero para financiar sus adicciones o sus malas andanzas. También se han visto casos de pandilleros y pandilleras que aparecen disparando sus armas, alucinados por la droga, y convierten en víctimas mortales a simples inocentes. En el medio, quedan los guardias de seguridad, los chinos dueños de tiendas, las amas de casas, los niños y los hombres y mujeres trabajadores que sucumben ante la violencia y el desorden social.

Esta es una situación que estalló al principio de los años noventa, cuando el ejército panameño desapareció. Con los controles que los militares imprimían en el mundo criminal (¡Claro, pues eran los jerarcas de la mafia!) se evitaba que las bandas proliferaran y la violencia armada se diseminara por todo el país.

Hoy no hay control alguno. Cuando se perdió la cabeza de la organización, surgieron cientos de líderes gangsteriles, que hoy se afanan en dominar el mercado de la droga y el terror en las calles. Las batallas son intensas. Es tal el desorden, que hasta de afuera aparecen sicarios y capos de todo tipo, ejecutan a sus víctimas, manejan sus cuentas bancarias a su libre albedrío, y vuelven a salir sin que nadie se dé cuenta.

En ningún momento los gobiernos han querido ver en esta situación un problema que se pudiera atacar. Cuando empezó y era pequeño, lo dejaron pasar. Hoy es un monstruo que difícilmente puede ser tratado con las exiguas herramientas y estrategias de las fuerzas de seguridad.

Se debe decretar el asunto como un problema de seguridad nacional, una emergencia social, política y económica, que amenaza con socavar las bases mismas de la sociedad panameña. El peligro es inmenso, y los gobernantes, o no lo ven en su justa dimensión, o no les interesa enfrentarse al asunto. ¿Por qué?

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