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La realización del referendo consultivo sobre la permanencia del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, programado para este 2 de febrero, se convirtió en la bandera de lucha de la oposición para remover al mandatario, pero afloran dudas sobre la posibilidad de su realización ese día.
El interrogante preocupa incluso en el Consejo Nacional Electoral (CNE), que acogió 1,5 millones de firmas para su realización. Su presidente, Alfredo Avella, admitió este viernes que en los próximos días definirá si se mantiene la fecha del 2 de febrero y explicó que la modificación depende de la disponibilidad de recursos.
El quid de la cuestión se debe a la objeción del referendo que hizo Chávez, quien sólo admite el revocatorio tipificado por la Constitución a mitad de su segundo mandato (2000-2006), eso es a partir del 19 de agosto venidero.
Chávez dijo la semana pasada que podría dotar de recursos al CNE si el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declara legal la consulta, pero que su prioridad es el pago de salarios de los empleados públicos, ante la acentuación de la crisis económica por el paro opositor emprendido desde el 2 de diciembre, que colapsó la industria petrolera.
En torno a la validez legal del referendo consultivo, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), César Gaviria, quien mantiene una mesa de negociación y acuerdos entre el gobierno y la oposición, dijo a principios de semana que era muy importante un pronunciamiento del TSJ sobre el punto.
Avella dijo este viernes que la Ley Orgánica del Poder Electoral prevé no sólo la cooperación de diferentes instancias del Estado sino la posibilidad de que entes privados hagan contribuciones, donaciones o servicios, aunque admitió que recibir dinero en efectivo es más difícil porque el CNE no tiene personalidad jurídica por ser un poder del Estado.
Además el aporte de recursos financieros por entes multilaterales tendría la limitación de que el representante legal del Estado es el presidente y habría que contar con su respaldo para aceptar esos fondos.
La Coordinadora Democrática, que integra a los partidos políticos y grupos opositores a Chávez, así como el empresariado y la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), la mayor central obrera, que encabezan la paralización, aguijonean al gobierno con una asfixiante campaña de prensa, televisión y radio para que acepte el referendo, bajo el lema: "contarnos es la solución" al conflicto. |
