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El gobierno peruano anunció en estos días la suspensión de importación de vehículos usados para el transporte público y de carga, para hacerle frente al incremento del parque vehicular y el caos del tránsito reinante.
Al leer el cable que trae la noticia, inmediatamente cualquier lector panameño se ve inmerso en esa realidad sin ir muy lejos.
Aquí en Panamá, la actividad del transporte público colectivo se ha aprovisionado siempre de la importación de buses usados, muchos de éstos, sin ningún control que establezca cuántos años rodaron en las amplias carreteras de los Estados Unidos, Japón y Corea, de manera que pueda determinarse qué tramo de vida útil les queda.
Aparte del pésimo servicio que presta a los usuarios la flota de buses de segunda mano, el Estado panameño ha tenido que realizar inversiones cuantiosas en planes de contingencia para mejorar la calidad del mismo, bajo la creciente presión de la comunidad.
La práctica de los llamados "dirigentes transportistas", que además son propietarios y de repente pasan a integrar los organismos encargados de normar la actividad, hacen que las respuestas sean sólo soluciones cosméticas o parapetos para paliar los ánimos del usuario.
Un ejemplo palpable de este desgreño es la flota de buses que conecta a Arraiján con la capital y que transporta a miles y miles de pasajeros procedentes del distrito. |
