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Incidentes en Cerro La Moña, durante el fin de semana.  |
Las diferencias entre el legislador Miguel Bush y el contralor Alvin Weeden tienden a agudizarse cada vez más. Ayer el perredista denunció una campaña de "persecución política y chantaje" auspiciada por Weeden con el propósito de lograr persuadir a los legisladores de este partido para que emitan su voto en favor de los candidatos a magistrados Winston Spadafora y Alberto Cigarruista.
Según Bush, el contralor se ha convertido en una especie de "defensor de campaña" de Spadafora y para ello asegura que el fiscalizador de las finanzas públicas a montado una persecución en contra de los legisladores del PRD.
Bush añadió que las presiones del Ejecutivo han llegado al punto de ofrecerles a los legisladores perredistas condenaciones de deudas que éstos actualmente tienen con centros financieros del país, todo si su voto es en favor de las candidaturas de Spadafora y Cigarruista.
Las denuncias de Bush se generan luego que la contraloría general de la república ordenara la cautelación de los bienes del legislador ubicados en la cantera La Molla en la provincia de Colón.
Sobre este particular el jurista Carlos Carrillo, miembro del bloque de abogados del PRD, manifestó que existe una serie de circunstancias procesales que indican la violación del debido proceso en detrimento del ciudadano y legislador Bush.
Sostuvo que la primera violación la constituye la invasión de la propiedad del legislador, sin existir la debida orden judicial de allanamiento, además de haber ejecutado la diligencia en un día inhábil.
Sostuvo además que no se puede hablar de una lesión patrimonial, porque hasta el día del allanamiento el municipio de Colón cobró los pagos por la extracción del material mineral.
Por su parte el vicepresidente del PRD, Hugo Torrijos, advirtió que bajo todas estas medidas de presión política para ratificar los candidatos del Ejecutivo, se podría demandar la posibilidad de declarar la nulidad de la ratificación de estas figuras, de llegar a ser aprobados por el pleno legislativo.
"Este hecho no es una situación aislada, es una muestra más presión y coacción de parte del Ejecutivo para aprobar dos magistrados dentro de la Corte Suprema de Justicia", agregó.
En un comunicado el Comité Ejecutivo Nacional del PRD rechaza el acto de intimidación política al que fue sometido el ciudadano Miguel Bush Ríos por instrucciones del Contralor General de la República, quien evidenció la intolerancia y prepotencia de un sector del gobierno, que no acepta la posición crítica del PRD frente a la imposición de sus dos candidatos a la magistratura de la Corte Suprema de Justicia.
"La institucionalidad democrática del país está en peligro; si hoy permitimos que el gobierno actúe al margen de la ley contra sus adversarios, mañana todos nos lamentaremos de los excesos oficiales contra la población", señala el CEN del PRD en el comunicado.
LO QUE DICE EL MICI
El Ministerio de Comercio e Industrias dio a conocer en un comunicado de prensa, el pasado 6 de enero lo que aconteció en él área de Quebrada Bonita (Cerro La Moña), Buena Vista, Colón, cuando dicha entidad ejercía una acción Gubernamental en defensa del patrimonio del Estado.
Las autoridades del MICI expidieron un permiso al Legislador Miguel Bush Ríos, para que, extrajera piedra de cantera en una zona de 52.5 hectáreas por un período de 6 meses, a partir del 7 de noviembre del 2000. Según esta entidad, el Legislador Bush continuó con estas actividades al expirar el permiso, lo que es ilegal.
El pasado 5 de enero, las autoridades de este ministerio realizaron una inspección en este lugar, y se le ordenó a Bush que cesara toda actividad de cantera, ya que no cumplía con los requisitos establecidos por la ley.
Ese día, el 5 de enero, funcionarios del MICI, en coordinación con la Contraloría General de la República, y el Ministerio de Economía y Finanzas, detectaron "in fraganti" operaciones de extracción de piedra propiedad del estado, en el sitio antes mencionado, causándole una lesión patrimonial al mismo.
Lo antes mencionado violenta la Constitución Nacional y el Código de Recursos Minerales, y las autoridades documentaron la ación con material fotográfico.
Señala el comunicado que a consecuencia de la acción tomada por las autoridades, se produjo una conducta hostil e intimidatoria por parte de Bush y por otras personas en el sitio, por lo que solicitaron la protección de la Policía Nacional.
La Dirección de Responsabilidad Patrimonial ordenó la cautelación de los bienes utilizados en esta maniobra ilegal de extracción. |
