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SURAMERICA
Crece batalla judicial en caso Pinochet
Santiago de Chile
EFE
El comandante del Ejército chileno, general Ricardo Izurieta, hizo el viernes una discreta visita a Augusto Pinochet, mientras la defensa del ex dictador continuaba ayer sus esfuerzos por evitar que comparezca ante el juez Juan Guzmán, cuya destitución pidió formalmente a la Corte Suprema. La batalla judicial por el destino de Pinochet se intensificó en las últimas horas con nuevos recursos presentados por sus defensores, mientras los querellantes replicaron con una petición formal de arresto domiciliario para el desaforado senador vitalicio. Esta última petición, según explicó el abogado Hugo Gutiérrez, se fundamenta en que Pinochet ya estaría incurriendo en desacato, pues a medianoche del viernes venció el plazo que tenía para fijar su domicilio, a efectos del interrogatorio del próximo martes. "Al no haber fijado su domicilio Pinochet puede ser declarado en rebeldía", afirmó Gutiérrez. El diario "La Tercera" reveló ayer que Ricardo Izurieta llegó hasta la finca costera de "Los Boldos", a 130 kilómetros de Santiago, junto al jefe del Estado mayor del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, sin que trascendieran detalles de lo conversado con Pinochet, que permanece ahí desde hace tres días. Mientras Pinochet recibía esta visita, su defensa, que ha adoptado una actitud desafiante frente al juez Guzmán, sufría dos serios reveses en los tribunales de Justicia. El plenario de la Corte Suprema, por 15 votos a 2, rechazó una queja de los abogados del ex dictador contra el juez y mantuvo la decisión de éste de tomar los exámenes médicos a Pinochet hoy y mañana lunes, así como de interrogarle el martes. Por su parte, el propio Guzmán rechazó otros dos recursos con que la defensa pretendía modificar algunos aspectos de los exámenes médicos y postergar el interrogatorio hasta tener los resultados de los mismos. La defensa había presentado estos recursos mediante dos escritos en los que insistía en pedir a la Corte de Apelaciones que anulara lo resuelto por el juez en lo relativo a los exámenes y el interrogatorio. Además, solicitó una orden de no innovar, que de ser acogida supondría la paralización de toda acción del juez hasta que el tribunal se pronuncie sobre el fondo de los recursos. Fuentes judiciales, por otra parte, confirmaron que en las últimas horas del viernes los abogados defensores de Pinochet entregaron en el domicilio del secretario de la Corte Suprema, Carlos Meneses, un escrito de 27 páginas en el que piden al plenario del máximo tribunal que retire del caso al juez Juan Guzmán. En la presentación, la defensa insiste en acusar al magistrado de haber incurrido en múltiples actos contrarios a los intereses de su cliente, que a su juicio muestran que Guzmán no ha sido imparcial. No obstante, anoche, tras la visita de Izurieta a Pinochet, el general retirado Guillermo Garín, portavoz del ex dictador, emitió un comunicado en cuyo texto se sostiene que éste "respeta el Estado de Derecho y manifiesta su preocupación porque su situación no afecte a otros campos en la vida del país". Agrega que la defensa "está ejerciendo los recursos legales que corresponden" y que Pinochet y su familia "no tienen inconveniente en la realización de los exámenes médicos en la medida que ellos se enmarquen en lo resuelto por la Corte de Apelaciones y por la Corte Suprema". Este aparente cambio de actitud, según dijeron a "La Tercera" fuentes ligadas al Ejército, obedece a la preocupación de la institución en el caso de que Pinochet, aconsejado por su defensa, se declare en rebeldía y no asista a los exámenes ni al interrogatorio. Esa posibilidad, de acuerdo con esas fuentes, pondría al Ejército en una encrucijada, en un momento en que acaba de dar un paso significativo en materia de derechos humanos al entregar al Gobierno información sobre detenidos desaparecidos, en cumplimiento del acuerdo alcanzado en la Mesa de Diálogo sobre la materia. La posibilidad de que Pinochet cometa desacato ha sido fuertemente criticada en el ámbito político: "Es algo extremadamente grave", señaló el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Barrueto, quien añadió que "no debe haber ciudadanos de primera, segunda o tercera clase, como en algún momento pareció el país acostumbrarse". "La actitud de Pinochet confirma que nunca ha tenido la real voluntad de comparecer ante los tribunales, pues cree que aún está por encima de la ley y que sigue siendo un intocable", declaró la diputada socialista Isabel Allende, hija del fallecido presidente Salvador Allende (1970-1973), derrocado por Pinochet el 11 de septiembre de 1973.
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