Leonardo Valdez, quien laboró por más de 24 años como aseador, ayer, martes, recibió la resolución de su destitución de la Dirección de Investigación Judicial.
El hombre que estaba próximo a jubilarse, quien no ha tenido estudios y sólo sabe escribir su nombre, estampó su firma al notificarse de su destitución y es uno de los 25 funcionarios que fueron cesados de sus cargos la semana pasada cuando decidieron reclamar los 100 dólares de aumento prometidos por el presidente de la República, Ricardo Martinelli, en tiempo de campaña.
Ayer, martes, en la sede de la Policía Nacional de Ancón, un grupo de los ex investigadores destituidos recibieron una semana después de ser botados, la Resolución que tiene la firma del presidente Martinelli y del ministro de Gobierno y Justicia, José Raúl Mulino, con fecha del pasado 20 de agosto. Se notificaron del despido al ser aplicado el Artículo 311 de la Constitución Nacional que les prohibe a los policías hacer manifestaciones políticas. En igual situación se encuentran Javier Castañeda y su esposa, ambos destituidos, ex miembros de la DIJ.
Castañeda se preguntaba en las afueras de la Policía cómo van a sufragar los gastos de sus hijos y salir adelante después de trabajar los dos para esa entidad que una vez fue la PTJ, y ofrecer sus vidas como ex investigadores judiciales.
El ex subteniente Julio Alonso, con más de 300 cursos a nivel nacional e internacional, confirmó que solicitarán una audiencia con la Procuradora General de la Nación; así mismo lo harán en la Asamblea Nacional para que se conozcan sus situaciones.
Octavio Nicolau, también ex subteniente y experimentado investigador, señaló que a pesar que han ofrecido su vida aún no entienden cómo "de un sólo plumazo" se les despidió.
A pesar de ese revés, aún esperan que el Mandatario de la Nación o algún miembro del Gabinete reconsidere las destituciones. Si no obtienen resultados en sus reconsideraciones irán hacia la Corte Suprema de Justicia y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Los ex detectives no dudaron en tomar acciones como pedir en las calles y semáforos aportes económicos a la ciudadanía para colaborar con sus compañeros que se mantienen en impedimentos físicos, uno de ellos, Sergio Bosso, quien tenía 19 años de laborar para la Policía Internacional (INTERPOL). También en difícil condición se encuentra un ex investigador que recientemente sufrió un infarto, y para otros que no tienen una mayor preparación académica que por sus situación y edad se les imposibilita enfrentar esos despidos.
