Gobierno niega promulgación de ley sobre genocidio y desaparición forzada
Agencias
Internacionales
El gobierno del presidente Andrés Pastrana anunció ayer su rechazo a promulgar la ley de genocidio y desaparición forzada alegando que viola normas constitucionales sobre facultades de las fuerzas militares para combatir a la guerrilla, y con la cual se adelanta un proceso de paz. La ley "afecta la constitución política", dijo esta mañana a periodistas el ministro de Justicia, Rómulo González, al anunciar desde su despacho la negativa oficial a promulgar la ley que tipifica el genocidio y la desaparición forzada, texto aprobado por el congreso el 30 de noviembre. La objeción oficial es solo contra la redacción al delito de genocidio y no al de desaparición forzada. Agregó, que "es el congreso es el que debe tomar las medidas para hacerle las reformas pertinentes y si se las hace el gobierno no tiene razón para no aprobar la ley". Dijo que para que el gobierno de su visto bueno a la ley debe excluirse de la redacción del artículo sobre genocidio la mención a "grupo político". Explicó que legalmente el gobierno ha reconocido carácter político a un grupo guerrillero, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con el cual lleva diálogos de paz desde comienzos de año. Pero a la vez, constitucionalmente las fuerzas militares tiene la obligación de combatir a esos grupos. "Así las cosas, resultaría posible que los militares y policías que participen en operativos en los que se den tales desenlaces (muerte o heridas a miembros del grupo rebelde) podrían ser vinculados a procesos" por genocidio, dijo la presidencia en una carta dirigida al congreso explicando su negativa, en una misiva difundida por el ministerio de Justicia. Tras el rechazo gubernamental, ahora el texto debe ser discutido nuevamente a partir del inicio de las sesiones en marzo del 2000, dijo el ministro. La negativa sorprendió puesto que se daba como un hecho su promulgación luego que el mismo vicepresidente de la república, Gustavo Bell, saludara la ley el mismo día de su aprobación legislativa. El proyecto de ley sobre desaparición forzada fue presentada por el Ministerio de Justicia en 1997 bajo la administración del ahora ex presidente Ernesto Samper, y fue el cuarto intento ante el congreso de obtener su aprobación. Ya en 1993 un proyecto similar fue aprobado por los legisladores y objetado por el entonces gobierno del presidente César Gaviria, considerando -tal como hoy lo hace el gobierno de Pastrana- que era inconstitucional. La ley "estuvo siete años en el congreso para salir adelante...y vuelve a recibir objeciones. Eso deja claro que no hay un suficiente compromiso del gobierno" con los derechos humanos", dijo la senadora Viviana Morales entrevistada por la cadena Radionet. Según los legisladores, citando datos de organismos no gubernamentales, entre octubre de 1997 a septiembre del año pasado se reportaron 195 casos de desapariciones, casi todos atribuidos a grupos paramilitares.
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