Frente al descubrimiento de que el actual gobierno del presidente de Ricardo Martinelli tenía pretensiones en el 2009 de hacer escuchas telefónicas contra opositores y líderes de izquierda, la entonces embajadora de Estados Unidos en Panamá, Barbara Stephenson, puso en conocimiento a la ex procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, teniendo ambas un acercamiento, confirmó una fuente ligada al tema.
Gómez el año pasado fue llamada por la propia embajadora norteamericana para una reunión, ante la preocupación por los excesos que pretendía hacer el Ejecutivo y de que se pidiera que fuese la DEA la que colaborara para intervenir o "pinchar" llamadas telefónicas, dijo la alta fuente judicial que estuvo a cargo de importantes operaciones a escala nacional en cooperación con los Estados Unidos.
"Frente a lo que ella (Barbara Stephenson) descubrió, se iba a montar una Sala de Escuchas Judiciales para hacer escuchas en temas antidrogas", reveló la fuente que no quiso dar más detalles del escándalo que revela el diario El País de España, que cita a WikiLeaks sobre las intenciones de Martinelli de "pinchar" teléfonos, con lo cual pidió a la diplomática a través de un "chat" que fuese la DEA la que lo ayudara, de lo contrario expulsaría a este organismo antidrogas de nuestro país.
Esta Sala de Escuchas Judiciales estaría a cargo del Ministerio Público para hechos concretos contra la delincuencia organizada, situación que no se pudo concretar.
La ex embajadora Stephenson culminó su labor diplomática en Panamá este año y la procuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez, fue condenada penalmente por la intervención telefónica a un ex fiscal del Ministerio Público, al determinarse que no pidió autorización al Órgano Judicial.
"INMORALIDAD E ILEGALIDAD"
Jaime Abad, ex jefe de la otrora Policía Técnica Judicial (PTJ), cuestionó el informe de la petición que hizo el presidente Martinelli a Stephenson calificándolo como una "inmoralidad e ilegalidad" al solicitar semejante petición.
Recordó que las escuchas telefónicas se autorizan para hechos judiciales que están limitados en los delitos contra el crimen organizado, el blanqueo de capitales, narcotráfico, secuestros, cuyas pruebas sirven para luchar contra la delincuencia.
Destacó Abad que para esto la Corte Suprema autorizó al Consejo de Seguridad bajo el bloque constitucional presentado por el ex magistrado Arturo Hoyas para que las intervenciones pudieran ser judicializadas.
Los gobiernos de Ernesto Pérez Balladares y Mireya Moscoso le dieron cierta estabilidad jurídica al Consejo de Seguridad. Por su parte, el ex presidente Martín Torrijos ratificó el Decreto Ley 9 de 2008 que creó el Servicio Nacional de Inteligencia, pero a través de la Ley 11 de 2010, fue derogado el Decreto Ley 9 y restituyeron al Consejo de Seguridad del Estado bajo el mando del Ministerio de la Presidencia.
Abad dijo que con esta decisión se ha creado una "Policía Política", en la que es evidente que se puede utilizar para quebrar el brazo político a los opositores, y "es un mecanismo de chantaje que no lo digo yo, lo dicen los cables que citan a la ex embajadora Stephenson".
Para el ex jefe de la PTJ, el objetivo de hacer las escuchas telefónicas en este tiempo de democracia sería el "perpetuarse en el poder".
"La labor del Consejo de Seguridad debe estar orientado a crímenes de alto perfil, a la defensa del Canal de Panamá, y esto nos pone en el piso", subrayó Abad.
"No podemos estar jugando con un organismo tan serio (DEA), ya que se ha creado un daño irreversible, porque toda la confianza en el mundo se perdió", criticó Jaime Abad.
