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Asamblea Legislativa y Sector Rural
El primer Encuentro Nacional del sector Agropecuario con la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa, efectuado el pasado 17 de diciembre en Veraguas.
Alfredo U. Acuña H.
Ingeniero Agrónomo
El domingo 17 de diciembre del año en curso, en Veraguas, se realizó el primer Encuentro Nacional del sector Agropecuario con la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa. Previo a la realización de este encuentro, la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea tuvo el tino de realizar una encuesta entre distintos gremios, asociaciones y empresas que se constituyen en actores de nuestro sector rural. Estuvieron representados grandes, medianos y pequeños productores de este sector. Un buen paso en el camino correcto de la concertación rural. DISPOSICION POSITIVA Normalmente esta Comisión de la Asamblea Legislativa ha mantenido la mejor disposición para apoyar al sector primario de nuestra economía. Si este apoyo no se ha materializado, en mejor forma, ha sido por la actitud de algunos de los responsables de turno del sector oficial agropecuario y rural. La forma ágil se realizó la encuesta se debió, en gran medida, a la disposición positiva de los distintos gremios y asociaciones que fueron consultados. La encuesta contempló ocho aspectos: legales, medidas para-arancelarias, medidas organizacionales, modernización y reconversión, comercialización, financiamiento, investigación agropecuaria y titulación masiva de tierras. En un breve documento se presentaron al Encuentro los resultados, conclusiones y recomendaciones de esta encuesta. En la alusión del documento el Presidente de la Comisión de Asuntos Agropecuarios se refiere a la existencia de un sector agropecuaria "sin rumbo definido", a la necesidad de encontrar "una alternativa en conjunto" y a su papel de facilitador. Tanto la introducción como el anexo N°2 del documento debieron indicar la fuente utilizada. MIDA Por otra parte la Ley N° 12 de 25 de enero de 1973, creó el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y le señaló sus funciones y facultades. Esta Ley en sus artículos 1 y 2 (ordinal 14) y 4 se refiere a la responsabilidad de este Ministerio en cuanto a la definición y formulación de políticas, planes y programas del sector así como a la administración y ejecución de los mismos. RESULTADOS DE LA ENCUESTA De los resultados de la encuesta cabe destacar el hecho de que la mitad de los representantes de las organizaciones entrevistadas no conocen las leyes existentes que tienen que ver con el desenvolvimiento del sector. Igualmente el 69% de los encuestados consideran que se requiere de nuevas leyes relacionadas con su actividad. Un 56% de las organizaciones no conocen las medidas arancelarias pactadas con la Organización Mundial del Comercio (OMC). Es interesante el hecho de que las organizaciones entrevistadas sugirieron que necesitan los servicios de profesionales en las siguientes áreas: economía, ingeniería agronómica, comercio internacional, mercadeo y agroindustrias. Y que estos profesionales deberían brindar sus servicios a las propias organizaciones y financiados por el Gobierno. Sobre el tema de la modernización y reconversión, el 50% de los encuestados consideran que a estos programas les falta divulgación y capacitación hacia los productores. Sobre comercialización, en el ámbito nacional, la mayoría de los entrevistados consideran que las condiciones del mercado y los precios no son competitivo y en ámbito internacional los principales problemas tienen que ver con la barreras arancelarias, el dumping, los canales de comercialización y la sobre oferta e productos. Asimismo, el 88% de los entrevistados consideran que no existe apoyo por parte del Gobierno u otras organizaciones en técnicas pos cosechas. Sobre el determinante tema del financiamiento la mayoría de los gremios y asociaciones siguen considerando que no existe crédito apropiados para el desarrollo del sector y el disponible no es oportuno. Algo que llama poderosamente la atención de los resultados de la encuesta es el desconocimiento, por parte de los gremios y asociaciones, de las actividades del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP). La mayoría desconoció los programas de esta importante entidad del sector agropecuario panameño. TITULACION MASIVA Y CONCENTRACION DE LA TIERRA La publicitada titulación masiva de tierras fue desconocida para un 56% de los entrevistados e, igualmente, con relación a los precios de la tierra el 75% no respondió porque no los conoce. Conviene señalar que la titulación masiva de la tierra se puede terminar contribuyendo muy poco al desarrollo rural si no va acompañada por la correspondiente capacitación, extensión, financiamiento, asistencia técnica, adecuada comercialización y justos precios. De no existir estas condiciones puede producirre, posterior a la titulación a un gran número de personas, una venta masiva de tierra titulada, que agravaría aún más el problema de concentración de la tierra en nuestro país. En este caso tal concentración se realizaría por la vía legal a diferencia de la que se efectuó durante la primera mitad del Siglo XX. OTROS ASPECTOS Sobre otros aspectos señalados por los entrevistados, que no aparecían en la encuesta, se destaca el hecho de que el 75% de los encuestados consideran que es necesario regular las autorizaciones de las importaciones de los contingentes arancelarios negociados por la OMC y recomiendan subir los aranceles de acuerdo a lo pactado con la OMC, modificar algunas leyes, aplicar en forma ordenada otras y organizar a los productores. Otros temas que consideraron los entrevistados no fueron incluidos y que afectan a sus organizaciones, son: la indiferencia del Gobierno ante los problemas del sector, la necesidad de un programa de irrigación; la existencia de un verdadero programa de financiamiento; adecuado control de aduana; creación de los tribunales agrarios así como el desarrollo de un sistema de asistencia técnica efectiva. RECOMENDACIONES La primera y última recomendación se constituyen en la razón de ser de este encuentro al formular la primera, el establecimiento de un mecanismo efectivo de comunicación entre las instituciones públicas del sector agropecuario y los productores. Y la última, el fortalecimiento de instancias y mecanismos de diálogo y concertación entre el sector público y privado para abordar los problemas y desafíos sectoriales.
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