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EDITORIAL
Amenazas de huelga
Los proyectados aumentos en los servicios de electricidad y telefonía representan una amenaza para la tranquilidad del país. Ya los gremios obreros amenazan con una huelga general para enero, de no prosperar un proyecto que ayer presentaron ante la Asamblea Legislativa, para que los aumentos de tarifa que autorice el Ente Regulador de los Servicios Públicos deban ser ratificados por el Consejo de Gabinete. El Ente Regulador ya fijó los incrementos de las tarifas de la energía para el período de enero a junio del 2000, los cuales oscilan entre 7.91 y 15.24 por ciento. Esos aumentos representan un desembolso adicional para el usuario que va entre 2.16 balboas y 16.58 balboas, dependiendo del consumo mensual. Aunque se dejó a discreción de las empresas distribuidoras no ajustar las tarifas a los clientes con un consumo que no supere los 100 kilovatios hora mensuales, se entiende que ese beneficio sólo alcanzará a 40,000 usuarios. Los otros usuarios también tienen derecho a no ser afectados con esa alza en las tarifas. La mayoría de los clientes de las distribuidoras registran un consumo mensual mayor a los 100 kilovatios hora. Hace poco, el Ministerio de Economía y Finanzas también confirmó que era inminente el aumento de las tarifas por el servicio telefónico. Con todos estos golpes a los bolsillos de los panameños y a la maltrecha economía de los hogares del país, se vislumbra un panorama poco agradable para los primeros años del próximo siglo, donde el gobierno tendrá que pagar los platos rotos, a menos que adopte medidas que eviten los aumentos. Como accionista de las empresas que prestan esos servicios, el Estado debe analizar opciones para no afectar a un pueblo, que ya está cansado de ajustarse el cinturón y poner su cuota de sacrificio. El Estado puede reducir el impuesto que cobra por la importación de combustible y puede sacrificar un monto de los dividendos que percibe por su participación como accionista de las compañías privatizadas. No se debe descuidar el tema de esos aumentos, porque el mismo puede ser el detonante para protestas generalizadas y por ende de enfrentamiento entre civiles y las fuerzas del orden público. Faltan apenas ocho días para que entre en vigencia el ajuste de las tarifas eléctricas y la solución de no aumentar a los que mantengan consumo no mayor de 100 kilovatios hora, no satisface a la población y el Gobierno debe tener muy claro esto. El equipo ministerial y los asesores del Ejecutivo también pueden buscar alternativas, que aunque no frenen las proyectadas alzas, al menos mitiguen sus efectos. La propuesta vallarinista de eliminar el cobro del impuesto sobre la renta a los trabajadores con salarios no mayores de 700 balboas mensuales, puede analizarse. Ante las protestas que ya se anuncian, el gobierno debe ponerse en acción. Es mejor prevenir, que luego lamentar.
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PUNTO CRITICO |
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