La defensa del ex ingeniero municipal, Jaime Salas, solicitó a la Fiscalía Contra el Crimen Organizado la declaración jurada de Amado Barahona, ex director de la Unidad de Análisis Financiero, durante la investigación que se instruye por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito contra el ex funcionario del Municipio de Panamá.
Según Rogelio Cruz, defensor de Salas, al solicitar la prueba la Fiscalía negó la interrogación al firmante del informe preliminar que originó el sumario por el supuesto delito de blanqueo de capitales.
La Fiscalía Contra el Crimen Organizado se ha basado en la investigación ante el posible delito de corrupción de servidores públicos.
La Procuradora General de la Nación, Ana Matilde Gómez, el 2 de julio de 2009 remitió a la Fiscalía que dirige Ayú Prado el informe preliminar número 19-09 de la UAF, donde señala las alertas rojas y posible hechos sospechosos.
Según Cruz, los agentes de la Dirección de Investigación Judicial, Guillermo Quiñones y Eliseo Ábrego, señalan que se haya incurrido en el delito de blanqueo de capitales.
Cruz pidió en un incidente de controversia en contra la resolución mediante la cual la Fiscalía ordenó la indagatoria de Salas, que declare la nulidad de la investigación debido a la violación del debido proceso, ya que no se ha demostrado que haya conexión de los delitos imputados.
El fiscal Ayú Prado aseguró que Salas recibió beneficios de la empresa Edificaciones Portobelo, S.A. desde el 2006, que era subcontratista de proyectos habitacionales.
Según las investigaciones preliminares, los bienes inmuebles y cuentas de Salas ascienden a más de 1 millón de dólares.
Salas no ha sido localizado por las autoridades policiales, que tienen una orden de conducción girada por el fiscal Ayú Prado.