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La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia suspendió el contrato mediante el cual la Autoridad Portuaria Nacional (APN) transfirió a la empresa Ports Engineering & Consultants Corp. (PECC) la prestación del servicio de ayudas a la navegación como faros y boyas.
El 11 de noviembre, el contralor Alvin Weeden presentó una demanda contencioso-administrativa de nulidad contra el contrato No.2-034-97 celebrado el 18 de diciembre de 1997.
Weeden alegaba que se transfirió a una compañía labores de la APN, sin cumplir el proceso de privatización. El fallo de la Corte tuvo como ponente al magistrado Jacinto Cárdenas.
La Contraloría inició una investigación por una supuesta lesión patrimonial estimada en B/.18 millones que incluye al exmandatario Ernesto Pérez Balladares, así como al exdirector de la APN, Hugo Torrijos y al director de la Autoridad Marítima, Rubén Reyna. |
