Durante su gobierno despreció a Centroamérica. Con trato soberbio y ampuloso, les decía "fo" a los presidentes de la región. Pero tan pronto salió de la presidencia, corrió a ocupar su escaño en el Parlamento Centroamericano, porque la condición de diputado ante esa corporación le da "inmunidad".
¡Y cómo le ha servido esa "inmunidad"! El Poder Judicial la ha admitido como amparo contra la cautelación de bienes y dineros de su propiedad por 6.6 millones de balboas. (Cuán ofensivas suenan esas cifras millonarias, de cara a los niveles de pobreza en que vive más de un millón de panameños.)
Es repulsivo el uso de la llamada "inmunidad parlamentaria" para librar a algunos políticos influyentes del alcance de la justicia. Pero el sector político no se convence todavía de la urgencia de ponerle fin al abuso sistematizado de la inmunidad y otras prerrogativas que la constitución militarista y las leyes les conceden a algunos servidores públicos.
Zafarse de una investigación arguyendo que se posee "inmunidad" es una burla al pueblo panameño. En una democracia, las normas constitucionales y legales tienen sentido en la medida en que producen efectos democráticos. Cuando sus efectos son contrarios al sistema democrático, entonces hay que descartarlas.
En una verdadera democracia, nadie-ni procurador, ni legislador, ni ex presidente-está por encima de la ley. Que este nuevo abuso sirva para fortalecer la voluntad del pueblo panameño hacia un cambio constitucional profundo y democrático, a través de una Asamblea Nacional Constituyente. |