EDITORIAL
Crisis de credibilidad
La denuncia que hizo doña
Rosa Lourdes Hernández, la primera mujer que dio a luz en el Hospital
San Miguel Arcángel de San Miguelito, de los precios exorbitantes
que tiene ese centro hospitalario, ponen de manifiesto que en el país
hay una crisis de credibilidad.
El propio presidente de la República, Ernesto Pérez Balladares,
y la ministra de Salud, Dra. Aida de Rivera, promocionaron este hospital
negando que fuera privado y exaltando las bondades que, supuestamente, iba
a tener, ya que todos los residentes de San Miguelito y de comunidades como
Alcaldedíaz se podrían atender a muy bajo costo.
Razón tenía el dirigente Anel García cuando desconfió
de los cantos de sirena de los administradores de este hospital que se burlaron
de las aspiraciones de los desempleados de San Miguelito.
Los que gobiernan parecen no comprender la crisis de credibilidad que
hay en las esferas oficiales. Primero fue la telefónica y ahora los
usuarios sufren los efectos de la privatización del INTEL por una
compañía inglesa que ha subido las tarifas, aunque en el léxico
de Cables and Wireless todo eso es sinónimo de modernización.
Y los usuarios nunca han llegado a comprender cómo el Gobierno, que
supuestamente mantenía la mayor parte de las acciones, permitió
que le cambiaran el nombre del INTEL por el de Cable and Wireless.
El pueblo ya está sintiendo también los efectos de la privatización
del IRHE, eufemísticamente llamada "concesión administrativa"
que es una privatización disimulada. Por eso, el pueblo se mantiene
alerta para no permitir la privatización del IDAAN, ya que de acceder
habrá una catástrofe en un país cuya agua abundante
se la dio Dios a esta nación para que ahora malos administradores
pretendan transferirla a manos privadas.
El pueblo ya no cree ninguna de las bondades de la privatización,
ya que son sinónimo de despidos y encarecimiento de las tarifas.
Es más, privatizar es la negación de la capacidad de hacer
una buena administración. Y ello lo explotan con el argumento que
el Estado es muy mal administrador. Lo que hay que escudriñar es
buenos funcionarios que trabajen con aficiencia y honradez.
La crisis de credibilidad ha traído por consecuencia que nadie
le dé valor a las privatizaciones y, mucho menos, a los llamados
días puente cuya ley el gobierno no quiere derogar, a pesar de que
es rechazada por la mayoría del pueblo panameño.
El Gobierno no le importa movilizar a los antimotines ni repara en el
gasto que ello implica como son las horas-hombres en la represión,
gases lacrimógenos, balas plásticas, transporte etc. Pero
la Contraloría, que no evalúa estos costos, sí prohíbe
una fiesta a las madres en su día e investiga el precio de una tarima.
Parece que no se dan cuenta los del gobierno que su candidato Martín
Torrijos tendrá que competir con tres adversarios: Mireya, Vallarino
y su propio gobierno del PRD que sigue impulsando medidas antipopulares.
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